SANTO DOMINGO.- Miguel Surun, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD),  solicitó asesoría a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos de República  Dominicana (AIRD) para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio.

Surun Hernández informó que a pesar de que los fondos del Colegio no son estatales, porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, ha acudido a dos organismos fiscalizadores del Estado y a importantes gremios para que colaboren con el proceso.

Explicó que para legitimar aún más la elección de la firma auditora, la actual administración también requirió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al Colegio de Contadores Públicos, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a Participación Ciudadana, para el acompañamiento, veeduría, asesoría y supervisión del proceso de licitación sea realizado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que el mismo tenga todas las garantías de transparencia correspondientes.

“Actuar con pulcritud y apegados a las leyes ha sido el principal norte de esta administración del CARD, por lo que solicitamos dicho acompañamiento con el objetivo de que los abogados, abogadas y el país en general sepan en qué invertimos los recursos del gremio”, expresó Miguel Surun.

Entre las firms privadas sugeridas para realizar dicha auditoría se encuentran BDO Dominicana, Deloitte, KPMG, Deloitte, Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young, ManPower, MasterCard, Mckinsey & Company, The Cocktail, Baker McKenzie, Right Management Consultant, Basham, Ringey CorreaS.C, Mckinsey & Company.

Destacó que “El CARD ha implementado férreos controles contables, conjuntamente con la eficiencia en el manejo de los limitados fondos que ingresan a nuestra institución, manejados con apego a la Ley 340-06, a pesar de  no ser recursos públicos”.

Sentencia del Tribunal Constitucional

Miguel Surun explicó que recientemente el Tribunal Constitucional determinó mediante sentencia que El Colegio de Abogados de la República Dominicana es una entidad gremial con intereses y base privada, alegando que los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio ”.

El CARD cuenta con autonomía, independencia presupuestaria y financiera y en la actualidad ostenta niveles de transparencia óptimos, debido a que publica en su página todas las informaciones referentes a erogaciones, nóminas, compras y contrataciones, gastos semanales, auditorías, gastos extraordinarios, ingresos diarios, y otros.