Por: Nelson Gómez

Ante el panorama económico de este año 2020 –y el que viene–, producto de los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19, los gobiernos locales de la República Dominicana tendrán que emplearse a fondo para poder cumplir mínimamente con las demandas de sus munícipes, que estuvieron acostumbrados por décadas al asistencialismo del gobierno central en temas locales como arreglos de avenidas,calles y caminos, entre otras obras importantes para las comunidades.

La ley 166-03, de fecha 6 de octubre del 2003, sobre los recursos destinados a losAyuntamientos del país, correspondiente a un 10% de los Ingresos del Estado Dominicano, nunca se ha cumplido y el actual presidente, Luis Abinader, ha prometido mejorar esa situación, pero si somos objetivos mirando el panaroma de los ingresos actuales, a corto y mediano plazo del Estado en esta crisis económica, tendríamos que estar preparados para entender que será difícil cumplir con una ley que en los “tiempos de las vacas gordas” no se hizo efectiva.

Según el Artículo 199 de la Constitución de la República Dominicana: “El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes”.

Con esta herramienta constitucional, las ordenanzas de los ayuntamientos y de los distritos municipales, las alcaldías, directores, los consejos de regidores y vocales tendrán que revisar con mucha precisión sus capacidades y posibilidades de aplicación de los impuestos que la ley les faculta para poder ejecutar las obras y servicios que requieren las ciudadades, porque el escenario impositivo del gobierno central no pinta bien por ahora.

No es un secreto que la mayoría de las alcaldías y legisladores locales han jugado a la política clientelista durante muchos años, obviando la aplicación de sus propias resoluciones y ordenanzas sobre las responsabilidades fiscales de los munícipes “para no perder apoyo popular” e intentar la reelección eterna, patrocinando entre los ciudadanos la cultura de no pagar la basura, los impuestos de obras, publicidad exterior, Etc. Y como ejemplo sólo es necesario mirar los informes financieros de la mayoría de nuestros gobiernos de las ciudades.

Los nuevos, los viejos alcaldes y los legisladores muninicapales enfrentan el gran reto de cambiar su situación económica, y para ello necesitan algo más que retomar las leyes y normas municipales. Tienen un trabajo más complejo porque cambiar esos malos hábitos en medio de esta precariedad mundial necesita de la concientización, integración y participación de la ciudadanía con la visión de que son parte importante de sus ciudades.

Debemos recordar que el tejido social de nuestras ciudades ahora es más complejo y está constituído con múltiples organizaciones, especialmente las juntas de vecinos, pero no es una misión imposible su integración a la gestión por una ciudad autosuficiente si estos funcionarios y legisladores predican con el ejemplo de la mano con la población, que entenderá que están trabajando por el bien de todos; y, por suerte, en nuestro país tenemos algunos ejemplos a imitar y mejorar.

*Ex regidor Distrito Nacional 2002-2006. Político, publicista y mercadólogo.