Por: P. Roberto Martínez de los Santos
La frase “El gobierno ha cerrado la Iglesia” esconde en si misma un doble peligro; por un lado, está el hecho obvio: no celebrar misas ni dar apoyo espiritual a los fieles en un momento que tanto se necesita y por otro lado, lo que nadie ve: “la injerencia peligrosa del poder terrenal en los asuntos espirituales”.
La intromisión del Estado en los asuntos eclesiásticos tiene un precedente histórico en las llamadas bulas alejandrinas del papa Alejandro VI, en el año 1493, en favor de los reyes católicos Fernando e Isabel de España. Se trata de un conjunto de cuatro documentos en fechas distintas del mismo año, que concedían a los reyes católicos el derecho de conquistar y evangelizar las tierras del Nuevo Mundo.
El papa Julio II confirma el derecho de patronato o Patronato Regio, en 1508 a los reyes católicos como parte de un acuerdo de negociaciones bilaterales, los reyes de España se reservaban para sí los asuntos eclesiásticos internos, tales como: delimitar y crear diócesis y parroquias, cambios de prelados y elección de los mismos y todo lo referente a la Iglesia. Con estos acuerdos se aseguraba la evangelización pagada por la corona, pero a cambio de los derechos ya mencionados a la corona.
En definitiva, el patronato regio permitió que la Iglesia contara con numerosos misioneros, dispusiera de los recursos económicos y financieros necesarios y, sobre todo, facilitara su movilización y distribución. Sin embargo, tuvo también otras consecuencias menos favorables a la perspectiva papal, como el sometimiento de la Iglesia al poder real, el aislamiento de Roma y la relajación de la disciplina eclesiástica y religiosa al debilitarse la autoridad de los obispos y superiores religiosos.
En los siglos XIX y XX se firman los Concordatos con la Santa Sede porque las recién formadas repúblicas americanas, después de la guerra de independencia (1808-1821), quisieron mantener, de alguna manera los derechos de patronato, ejercidos históricamente de parte de la Corona española sobre la Iglesia.
La realidad en América en torno a la evangelización, fuera del control eclesiástico, desencadenó situaciones muy deplorables en el clero, ya que éste no tenía comunicación alguna con Roma sin que la misma fuera validada primero por la Corona. De esta manera se deduce que el papa no mantenía comunicación alguna con su clero en el Nuevo mundo. La salida histórica fue la lucha que emprendió el papado para establecer Nunciaturas Apostólicas en América, cosa que no fue tan fácil lograrlo. Así se pudo restaurar la autoridad de la Iglesia en sus asuntos de orden espiritual.
El Concordato entre el Estado Dominicano y la Santa Sede de 1954, sostiene en el capítulo III, que el Estado Dominicano confiere a la Iglesia católica el status de Sociedad Perfecta, con lo cual se eleva a la Iglesia a las ideas medievales de Santo Tomás de Aquino sobre la conformación social de los pueblos-nación.
Fruto de estas experiencias históricas, se ha ido progresando en el tiempo en cuanto a las sanas relaciones que deben existir entre la Iglesia y el Estado, quedando claro el trabajo en conjunto que deben de protagonizar por el bien de todos los ciudadanos, sin que esto suponga una injerencia por ningunas de las partes en cuestión. El orden temporal no va en contraposición con el orden espiritual, sino en sincero y franco espíritu de diálogo.
Para muchos, el Decreto no. 740-20, emitido por el Poder Ejecutivo, el cual establece el nuevo Toque de Queda y las nuevas disposiciones sanitarias para buscar controlar la pandemia, en su artículo 10, no ha tomado en cuenta lo dicho anteriormente, ya que, según lo expresara el actual Obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Mons. Jesús Castro Marte, no ha habido un consenso colaborativo entre ambas partes.
Según lo visto en la situación actual, el gobierno cometió un error garrafal al no sentarse a dialogar con la Iglesia y acordar todo lo concerniente a la implicación religiosa y espiritual del artículo en cuestión, para una sociedad eminentemente religiosa y específicamente católica. Pero es obvio que en esta situación habrá que tomar en cuenta las distintas manifestaciones religiosas no católicas, las cuales no cuentan con la organización y ejecución de protocolos como sabe hacerlo la Iglesia Católica de manera perfecta.
Al no existir tal diálogo, se ve claro que las autoridades civiles se inmiscuyen de manera directa en asuntos delicados de competencia eclesial, como es el cese de las actividades religiosas en fiestas solemnes especiales del cristianismo. La hondura que tiene el sentimiento religioso en nuestra cultura actual hace que los fieles laicos sean los primeros que se manifiesten exigiendo a las autoridades religiosas defenderse ante tal acción, considerada por ellos como injusta e injustificable. Junto a estos laicos algunos sacerdotes deciden dejar de hablar entre pasillos y alzar su voz en tono de protesta. Esos que hablan en alta voz ponen palabras a los susurros de la mayoría que no dicen nada, por miedo a ser catalogados como subversivos, irrespectuosos o sencillamente adoptan una actitud irenista.
Puede interpretarse que para los que nos gobiernan, importa más el dios Dinero (Mt 6,24) que el Señor Todopoderoso. Se sobreentiende la gran necesidad de salir de la crisis económica que provoca la pandemia, pero recordamos a nuestras autoridades que el Señor Jesús se acuerda de los que van al templo a saciar su hambre como lo hizo el rey David (Mt 12,2). Los cristianos, de igual manera, necesitan ir al templo a saciar el hambre espiritual para no sucumbir ante las demás crisis provocadas por la pandemia.
Se propone, por tanto, que a partir del 10 de enero se abran las Iglesias y se establezca un protocolo especial para las Iglesias evangélicas y las mismas sean observadas debidamente por las autoridades, ya que, en estos días, a pesar de dictaminarse el cierre de las Iglesias, siguen realizándose cultos evangélicos en barrios y comunidades campesinas del país.
En definitiva, la frase “El gobierno cerró la Iglesia” está incorrecta porque solo la autoridad eclesiástica tiene tal facultad en un país democrático y con las relaciones Iglesias y Estado que se mantienen en nuestra nación.
