SANTO DOMINGO.- El Centro Juan XXIII exhortó a la Cámara de Diputados a que al momento de formular sus acusaciones para un eventual juicio político lo hagan apegado al principio universal de la justicia que consiste en dar a cada uno lo que merece por sus actuaciones,  determinando la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Pleno de la CCRD y formalizando de manera precisa e individual los cargos imputados a cada miembro.

Asimismo, pidió indagar las razones del por qué  dos  de los miembros de la Cámara de Cuentas  no quisieron firmar y ejecutar un  convenio  que fue el resultado de la mediación de dicha organización desde el primer indicio de conflicto en el referido organismo;  pacto que dijo, contenía una serie de acciones trascendentales  y que solo fue firmado por Janel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña, el cual posteriormente fue abandonado por ésta última.

«Desde el primer indicio de conflicto en la Cámara de Cuentas, el Centro Juan XXIII fue llamado a armonizar y procurar el entendimiento a lo interno de ésta para consolidar los avances logrados a partir de la nueva conformación del referido ente constitucional en el 2021 en su importante misión en pro de la transparencia y lucha contra la corrupción. Respondimos al llamado con diligencia y apego a nuestros valores», explicó.

Agregó que «como resultado de nuestra mediación se lograron consensuar una serie de acciones trascendentales que quedaron documentadas en un convenio que fue firmado por Janel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña, 3 de los 5 miembros de la CCRD, el cual posteriormente fue abandonado por ésta última, resultando imposible la continuación de nuestro aporte».

La entidad precisó que en este ejercicio de mediación, fueron testigos que los dos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas que suscribieron el convenido, han mantenido desde el primer día
una postura coherente, respaldada con pruebas y evidencias, a favor de la transparencia y la institucionalidad del ente colegiado.

Mientras que el  resto de los miembros o ha sido ambivalente o ha empleado gran parte de su tiempo en atizar diatribas y conspiraciones internas. Han hecho uso de su mayoría mecánica para actuar y tomar decisiones cuestionables y reñidas con la ley, como son: suplantar la función del Presidente del Pleno; aprobar auditorías cuestionadas realizadas por la anterior Cámara de Cuentas, en desconocimiento del mandato legal de que el Presidente es quien garantiza la calidad de los trabajos de auditoría; impedir a que se realice el proceso de depuración del personal, tratando de en cambio imponer una política de reparto del personal, lo cual también contraviene la ley orgánica de la CCRD porque el Presidente es la máxima autoridad ejecutiva; y, han obstaculizado la implementación del sistema de auditoría preventiva online que permitiría la fiscalización en tiempo real de la ejecución del Presupuesto Nacional.

«Este grupo ha logrado arropar todo este accionar en el velo del secretismo impuesto por el anterior Pleno de la Cámara de Cuentas, el cual tomó la decisión inconstitucional de clasificar como confidencial todas las actas y grabaciones de las reuniones del Pleno. Las que hacen mayoría se han rehusado a modificar este opaco precedente», sostuvo.

El Centro enfatizó que rechaza categóricamente este proceder y considera que quienes han sido responsables de que el convenio no se ejecute deben ser evaluados en proporción al daño causado a la Nación.