SANTO DOMINGO.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados celebró vistas públicas sobre el proyecto de Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito.
El senador Julio César Valentín, quien preside la comisión al dar la bienvenida a los presentes dijo que los miembros de la comisión están trabajando para darle al país una ley de nación.
Informó que la ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad; facilitar la coordinación institucional; promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativas, herramientas normativas que le permiten ejercer sus funciones de manera eficiente.
Mientras, Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) valoró el proyecto ya que supera la obsoleta norma 8279 sobre Declaración Jurada de Bienes, al tiempo de que hace acopio de diversos instrumentos, que en el orden internacional y constitucional obran para eficientizar la presentación y consecuencias legales de ese tipo de declaraciones.
Al hacer algunas observaciones al proyecto, Potentini, destacó que en su artículo 13 la ley propone que la no presentación de la declaración implica la nulidad de pleno derecho de cualquier acto realizado.
También hizo sugerencias sobre la confusión entre bienes de procedencia no probada y bienes de procedencia ilícita, el destino de los bienes incautados y decomisados, la denominación de la persona responsable de prestar la declaración, sobre el Defensor del Pueblo y de la obligación de informar, entre otros.
En tanto que el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, reverendo Fidel Lorenzo, planteó incluir al proyecto foro de reinversión de la prueba, reducir el plazo para la declaración a una semana, establecer la cancelación de nombramiento después de no haber cumplido con el plazo establecido por la ley en no más de 30 días de haber asumido la función, impedir la salida del país de aquellos funcionarios que no cumplan con la ley.
Las Vistas Públicas se celebraron en el Salón de Asamblea del Congreso Nacional.
