El Día 
Santo Domingo.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), afirmó este domingo que más de mil funcionarios del Estado no han querido hacer su declaración jurada bienes, pese a que se modificó la ley 311-14 que establece como obligatoria esa acción e instituye un régimen de sanción para los no se sometan, incluyendo apresamientos correccionales.
Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que esos funcionarios públicos que no solo deben ser destituidos, sino también investigados, porque es lo que contempla la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y destacó que hay que verificar si esas personas pagaban sus impuestos desde antes de ser empleados del Estado.
Entrevistado en el programa Toque Final, que cada domingo conduce el periodista Julio Martínez Pozo por Antena Latina, Canal 7, el vicepresidente de la Finjus manifestó que es sorprendente como tantos funcionarios no se acogen a la legislación, ´y lo peor es que el Estado ha actuado con inercia al respecto´.
Indicó además, que esa situación refleja que en la República Dominicana los sistemas de consecuencia no funcionan.
´Aquí está faltando voluntad política, de eso no hay dudas. Tenemos una herramienta que puede contribuir a que los funcionarios se obliguen a hacer la declaración, y el Estado tiene que aprovechar esta magnífica oportunidad para dar un buen ejemplo´, expresó.
Castaños Guzmán calificó esa situación como escandalosa, y aseguró que de una u otra forma atenta contra la calidad del sistema democrático nacional, se convierte en un desafío para el presidente de la República, Danilo Medina, y en una falta de respeto a la sociedad.
´El que no cumple con su responsabilidad desde la sociedad, no merece ocupar una función pública´, enfatizó, tras señalar que esa negativa de la gran mayoría de funcionarios podría tener graves consecuencias cuando el país sea evaluado por agencias internacionales porque los índices de transparencia y el fenómeno de la corrupción podrían no favorecer al país.
