Santo Domingo.- Educación. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó que la paralización de la docencia y movilización nacional convocada para hoy por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desborda todo principio de razonabilidad y proporcionalidad en la salvaguarda del derecho a la educación consagrado en la Constitución, y trae consigo una crisis que degenera el aprendizaje de calidad y oportuno.

Servio Tulio Castaños Guzmán reiteramos preocupaciones debido al impacto negativo que estos paros provocan.
“Siendo una actividad históricamente repetida por la ADP, se ha inmerso en el sistema dominicano como una práctica colectiva que genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad.

La interrupción de la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos públicos del país, constituye un ejercicio ilegítimo del mandato constitucional plasmado en el artículo 63”, expresó el jurista.

Mediante un comunicado señala que la educación como derecho es inherente, indispensable, inalienable y esencial para el desarrollo pleno de la persona, reafirma su condición de dignidad y su acceso y calidad debe ser diseñado para tales fines.

Castaños Guzmán precisó que la educación no puede estar sujeta a restricciones, condicionamientos o limitaciones por causas presupuestarias, ya que es un derecho universal que posee una eficacia directa e inmediata sobre los poderes del Estado.