SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público concluyó este miércoles con la lectura de la acusación contra los involucrados en la distribución de los 3.5 millones de dólares entregados por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) a cambio de ser beneficiada como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlín Ventura, presidenta; Milagros Mercedes Ramírez Cabrera y Leticia Martínez, donde se desarrolla el proceso, suspendió la audiencia en virtud de que tenía programado el conocimiento de otros casos.
Isis de la Cruz, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), especificó en declaraciones a la prensa que el juicio se suspendió para el próximo 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
“En el día de hoy el Ministerio Público continuó leyendo su acusación y concluyó la misma”, detalló a periodistas que la entrevistaron a la salida de la sala de audiencias.
Sobre el avance del proceso, la representante del Ministerio Público dijo que los abogados del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, presentaron su discurso de apertura.
Por este caso, son procesados además el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández.
También, la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), así como la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).
El Ministerio Público los acusa por incurrir en sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El proceso se inició en 2016, el Ministerio Público presentó la acusación en 2017 y ahora se encuentra en la etapa de juicio de fondo.
La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano.
Durante la investigación del caso, el órgano de justicia logró obtener pruebas suficientes que vinculan a los imputados a este acto de corrupción administrativa.
Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización del origen de bienes.
En marzo pasado, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el envío a juicio de los encartados.
