La procuradora adjunta Yeni Berenice sostiene que todo el que participó en el entramado de corrupción tendrá que responder ante los tribunales
SANTO DOMINGO.- “Lo que pasa es que, si se robó mucho, hay que investigar mucho”, sostuvo la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, al referirse a la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa.
La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó que resulta imposible estructurar un expediente sobre un “gran robo” con “una pequeñita investigación”. En ese contexto dijo, “…y reitera el Ministerio Público: se robó mucho, muchísimo”.
Explicó que las modalidades fraudulentas y delictivas que la investigación ha ido determinando ha llevado a hacer decenas de interrogatorios, así como el rastreo de decenas de empresas que se utilizaron con personas a quienes les falsificaron documentos y les robaron la identidad.
“Entonces, con toda esa línea de investigación, bajo ningunas circunstancias aquí no se va a quedar nadie fuera”, advirtió.
El expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República
Reynoso se refirió en esos términos luego que la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara hasta el próximo miércoles 23 de marzo, a las 11:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de prórroga del Ministerio Público para presentar la acusación formal contra los encartados, así como la revisión obligatoria de la medida de coerción a Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general, y a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público.
La procuradora adjunta sostuvo que “todo el que robó, todo el que participó en este entramado de corrupción va a ser imputado por el Ministerio Público”.
En ese sentido, añadió que “hacer una investigación seria, lleva tiempo, pero nosotros no nos hemos inventado el tiempo, fue el Código que dio esa facultad”.
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“Nosotros hemos demostrado que cuando presentamos un caso, lo presentamos con las pruebas, que cuando acusamos, acusamos con las pruebas; entonces, hechos nuevos, como han surgidos, como es en el caso de los alimentos, que todo ese entramado, todas esas empresas se crearon en torno al imputado Jean Alain Rodríguez, a través de su cuñado, eso no se va a quedar sin investigar”.
La procuradora adjunta insistió en que todos los hechos se van a investigar. “Todas las imputaciones, cada peso que se distrajo al Estado, nosotros vamos a imputarlo”.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por la coordinadora de Litigación de ese órgano, Mirna Ortiz; Miguel Collado, Emmanuel Ramírez y Eduardo Velázquez.
El expediente involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a los coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes desde el pasado año cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El caso se sigue también contra los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El grupo es acusado de integrar el entramado de corrupción por el que es procesado el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y varios funcionarios de su gestión en el Ministerio Público en el período 2016-2020.
El expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
