SANTO DOMINGO.– Francisco Alberto Paulino Castro fue arrestado el 5 de septiembre de 2012 durante un operativo antidrogas ejecutado en Santo Domingo Este. Pese a la magnitud del operativo y a la droga ocupada, fue liberado sin que se presentaran cargos en su contra, un patrón que ya había experimentado en procesos previos y que no le impidió seguir su vida pública en Boca Chica.
Su arresto se produjo tras dos intervenciones simultáneas. La primera de ellas ocurrió en el peaje de la Autopista de Las Américas, donde agentes de la DNCD interceptaron un vehículo BYD amarillo, placa X129707, en el que viajaban Manuel Alberto Sánchez y Edward Valdez. Allí se ocuparon seis paquetes de un polvo blanco.
En una segunda intervención, otra unidad detuvo a Paulino Castro junto a Juan Pablo Féliz Florían frente a la casa núm. 34 de la calle Primera, en La Ureña, donde también se allanó la vivienda sin encontrar sustancias ilícitas. Todos los detenidos fueron llevados a la División Santo Domingo Oriental.
Los análisis del INACIF determinaron que solo uno de los seis paquetes contenía un de cocaína, mientras que los cinco paquetes dieron negativo, lo que hizo suponer en ese entonces que se trataba de un tumbe entre narcos de la zona.
El caso consta en los archivos periodísticos de la fecha.
El proceso contra el hoy imputado nuevamente por el caso denominado Kraken no avanzó a etapa judicial. No consta la presentación de cargos, solicitud de coerción ni continuidad procesal. El expediente quedó archivado desde 2012.
De arrestos a adquiriente del CEA
A pesar de estos antecedentes, Paulino Castro —conocido como “Francis” o “El Compadre”— consolidó influencia política y económica en Boca Chica durante la década siguiente. Según documentos ocupados por el Ministerio Público durante los allanamientos de la Operación Kraken, Castro habría tenido acceso privilegiado a procesos de compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) desde 2014.
En uno de los inmuebles allanados, las autoridades encontraron una certificación del CEA, emitida el 30 de diciembre de 2014, a nombre de Francisco Alberto Paulino Castro, que incluía solicitud de compra de terrenos, declaración jurada de inmueble y certificación de la Alcaldía de Boca Chica. También una “no objeción” para la venta de terrenos, también emitida por el CEA, fechada el 4 de abril de 2014, igualmente a su favor.
Estos documentos sugieren que Paulino Castro no solo gestionó, sino que obtuvo autorizaciones oficiales para adquirir tierras del Estado en Boca Chica, en un período donde ya había sido arrestado por vínculos con el narcotráfico en al menos dos ocasiones.
Paulino Castro fue electo regidor de Boca Chica en 2020, llegando incluso a presidir la sala capitular, una posición que reforzó su influencia local. Según la solicitud de medida de coerción de la Operación Kraken, el imputado posee varios terrenos rurales, cuyos valores están siendo evaluados para determinar si fueron adquiridos con dinero ligado al narcotráfico.
El Ministerio Público sostiene que Castro formaba parte de la estructura criminal investigada, donde se le identificaba como “Francis” o “El Compadre”, y lo vincula con delitos de narcotráfico, extorsión y operaciones con métodos propios del narcoterrorismo.
La acusación afirma que el grupo desmantelado tenía dominio territorial en zonas estratégicas de Boca Chica, Andrés, La Caleta y áreas cercanas al Puerto Multimodal Caucedo, desde donde ofrecían “servicios logísticos” a redes de narcotráfico internacional. Este territorio coincide con las áreas donde Paulino Castro adquirió propiedades, operó negocios y construyó su plataforma política.
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