El Día 
Santo Domingo.-La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, declaró hoy que el caso del presunto desfalco cometido por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y un grupo de exempleados de esa entidad estatal, está empantanado en el sistema de justicia, tras indicar que el pasado viernes se produjo una nueva suspensión del caso.
“A más de dos años de la Procuraduría General haber presentado acusación y requerimiento de apertura a juicio por hechos gravísimos de corrupción en contra de los imputados Héctor Rodríguez Pimentel, Príamo Méndez Cuesta, Manuel de la Cruz Martínez, José Antonio Pérez Jiménez, Fior D´ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz, implicados en una malversación de fondos multimillonarios en perjuicio del INDRHI y el Estado dominicano, el caso se encuentra estancado y aun en una etapa preliminar”, manifestó Guerrero Pelletier.
El Ministerio Público atribuye a Rodríguez Pimentel y a los demás imputados la violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que consagran la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa, así como la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
La titular de la PEPCA señala en un comunicado que del conocimiento de la audiencia preliminar del caso INDRHI, cuyo desfalco envuelve el monto de RD$ 1,526,973,554.00 pesos y de US$ 56,479,038.41 de dólares, está apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, produciéndose hasta la fecha más de 25 reenvíos.
“Tan alarmante retardo se debe a los constantes incidentes propuestos por las defensas de los imputados tendentes a obtener una suspensión tras otra, los cuales son acogidos, a pesar de la oposición permanente del Ministerio Público a cargo.
Dijo que los abogados e imputados, han incidentado con solicitudes de: extinción de proceso, de inhibición de jueces, de recusación del juez, de ausencias de las defensas, ausencias de los imputados, presentación de certificados médicos, presentación de diversos recursos: de casación, revisión, etc., todo esto con la clara y marcada intención de dilatar y retardar el proceso, con miras a obtener una declaratoria de extinción por duración máxima del proceso”, sostuvo la representante del MP.
Destacó que es interés de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, en este, y en todo caso en que esté afectado el patrimonio público, procurar una respuesta procesal ágil y oportuna de cara a la transparencia y eficiencia que debe primar en el combate a la corrupción administrativa en el país.
