El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el auto de “no ha lugar” emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados del caso Calamar.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó el recurso con el propósito de que los imputados favorecidos con esa decisión sean enviados a juicio de fondo.
Además del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también fueron beneficiados con un “no ha lugar” el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de
Hacienda Donald Guerrero, en el marco del proceso judicial conocido como caso Calamar.
Se recuerda que el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 de los 40 acusados hayan sido enviados a juicio.
“En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”, expresó Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.
Entre los implicados enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el abogado Ángel Lockward y sus empresas, junto con otros involucrados en el presunto entramado de corrupción investigado en el caso Calamar.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura que presuntamente desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Las autoridades sostienen, además, que parte de esos recursos habría sido utilizada para el pago de sobornos y el presunto financiamiento de la campaña electoral de 2020.
Con este recurso de apelación, el Ministerio Público busca que la decisión de “no ha lugar” sea revocada y que los exfuncionarios y demás favorecidos enfrenten un juicio por las imputaciones formuladas en el caso Calamar.