Santo Domingo.-El  director ejecutivo de Casa Abierta,  Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo,   dijo hoy que jamás debió existir la mal llamada política de «Guerra Contra la Drogas», debido a que este modelo, «solo  ha sido injusto  y violento a los derechos humanos».

«Se han cometido abusos innombrables. Terribles violaciones a los derechos humanos,  en nombre de la seguridad,  han sido el legado de esta política. Pero eso solo ha servido para agravar mucho más el problema», dijo Hidalgo.

Agregó que es una política absurda  basada en las sustancias, en mitos y estereotipos    creados desde perspectivas  ultraconservadoras. Sostuvo que la realidad es que la inmensa  mayoría de las personas consumidoras de estupefacientes no precisan tratamiento.

«Se sabe  que apenas una de cada diez personas consumidoras tiene consumo problemático. Estos mitos, sin embargo,  son los que han orientado  las políticas de drogas por muchos años», añadió.

Así mismo explicó  que  en la Suprema Corte de México acaban de  dar  una nueva muestra de inteligencia y respeto por los derechos humanos en un tema que años recientes era un tabú en los tribunales de justicia: el uso recreativo de la marihuana.

Dijo que con esa sentencia, la Suprema Corte mexicana reconoce que «los derechos humanos, las libertades individuales y la dignidad humana están por encima de las absurdas políticas de guerra contra las drogas que criminaliza a las personas consumidoras, especialmente a las más jóvenes y vulnerables».

De la Rosa, quien es psicólogo de profesión, sostuvo que  contrario a lo que ocurre en otros países, República Dominicana mantiene una política mediocre , corrupta, inhumana,  y violatoria a los derechos humanos.

El director de Casa Abierta lamentó que quienes dirigen el Estado no parecen entender el problema «o simplemente no les importa».

Dijo que las autoridades siguen sordas, ciegas y mudas ante el cambio en las políticas de drogas y siguen criminalizando a los consumidores, «lo cual los lleva a prisión, cuando no las convierte en presa fácil de la corrupción, el chantaje y la extorsión.

«Se mueren día a día las personas usuarias crónicas de heroína, porque la ley 50-88, les clasifica como traficantes, y prohíbe todo uso de métodos alternativos de tratamiento. Se cierran o limitan los programas preventivos y de atención, ante la negativa oficial de asignar recursos a estos programas sociales», indicó.