Dos estadísticas que trascienden el ámbito de la salud muestran notables mejorías, pero no como para que la sociedad baje la guardia y mucho menos para considerar que los avances alcanzados son suficientes.
Se trata de la reducción de las muertes maternas y de los embarazos en adolescentes, dos problemas que, además de sus implicaciones sanitarias, tienen profundas repercusiones sociales.
En el primer caso, se ha registrado una disminución de las muertes maternas, que en lo que va de año se contabilizan en cien, frente a las 160 ocurridas durante el mismo período del año pasado, lo que representa una reducción del 37.5 por ciento.
Es una mejoría significativa, pero la cifra sigue siendo elevada, especialmente si tomamos en consideración que alrededor del 95 por ciento de los partos son institucionales, es decir, se producen en centros hospitalarios. Por tanto, todavía queda mucho por hacer para reducir esa trágica estadística.
Muchas muertes maternas están asociadas a complicaciones que pueden prevenirse o tratarse oportunamente, así como a deficiencias en la atención durante el embarazo, incumplimiento de protocolos y posibles negligencias. Hay que seguir trabajando para reducir esos factores a su mínima expresión.
Con relación a los embarazos en adolescentes, cuya reducción reportada es de un 40 por ciento, el problema resulta mucho más complejo porque intervienen factores culturales, sociales y legales que requieren una atención integral.
Cuando se trata de embarazos en niñas menores de la edad legal de consentimiento sexual, además de un problema de salud pública, podríamos estar frente a situaciones constitutivas de delitos sexuales que deben ser investigadas y sancionadas.
Estamos frente a dos indicadores que muestran avances alentadores, pero en ninguno de los casos hay motivos para la conformidad. La meta debe seguir siendo reducir las muertes maternas prevenibles y los embarazos en menores de edad a cifras lo más cercanas posible a cero.