Carolina Mejía afirma que sus aspiraciones presidenciales no interfieren con su rol de alcaldesa

Santiago.– La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que está en total desacuerdo con el uso de recursos del Estado por parte de aspirantes a cargos públicos para promover sus candidaturas.

“Yo sí estoy de acuerdo en que como aspirante, precandidata o precandidato, nadie puede utilizar los recursos que tiene que son del Estado para promover sus candidaturas”, declaró Mejía.

Mejía también abordó su decisión de aspirar a la nominación presidencial por el PRM.

Aseguró que esta nueva etapa no interfiere con su labor como alcaldesa: “A mí no me desconcentra nada. Desde pequeña he sido muy responsable. Yo me enfoco en mi trabajo y sigo cumpliendo con mi rol en el Distrito Nacional”.

Defensa de la ética en la política

Carolina Mejía reiteró su llamado a ejercer la política con ética, responsabilidad y dentro del marco de la ley. Valoró además la pluralidad de aspiraciones dentro del PRM y el ambiente de competencia democrática: “Aplaudo que el PRM presente hombres y mujeres buenos que hemos trabajado y que estamos optando por la Presidencia… y que lo hagamos de la forma correcta”, expresó.

Compromiso con Santiago y el Cibao

Durante la entrevista, Mejía reafirmó su respaldo a los proyectos de desarrollo impulsados por el presidente Luis Abinader en Santiago y el Cibao, destacando iniciativas como el Monorriel y las inversiones en turismo de salud, negocios y convenciones.

“Estoy comprometida con el desarrollo de esta región. Santiago ha sido protagonista de grandes transformaciones”, sostuvo durante su participación en el programa Las Noches con Bélgica, transmitido por Teleuniverso, canal 29, en Santiago.

Sobre el Código Penal

La dirigente oficialista también se refirió a la reciente aprobación del nuevo Código Penal, tema que ha generado amplios debates en la opinión pública.

En su opinión, era necesario dar el paso luego de más de dos décadas de estancamiento legislativo. “Las causales generan discusiones legítimas, pero ameritan una legislación aparte.

No debían seguir retrasando otras medidas urgentes que ya debían aprobarse”, afirmó.