SANTO DOMINGO.– El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló que el país necesita una ley de compras y contrataciones que pueda ser útil y aplicable para los gobiernos locales.

El funcionario afirmó que la actual normativa no tiene una visión que permita desarrollar un sistema de contratación eficiente.

«Es necesario buscar una normativa que tenga un justo equilibrio entre todas las medidas de transparencia y control de los procesos de compras, pero al mismo tiempo una ley que garantice mayor eficiencia en los procesos de contrataciones públicas», sostuvo Pimentel al participar en los Coloquios de El Día.

Caso ayuntamiento La Romana

El director de Compras y Contrataciones dijo que cuando solicitó al Ayuntamiento de La Romana sus medios de defensa sobre un contrato suscrito con la empresa Urbaluz S.R.L., para la recogida de desechos sólidos, el alcalde Tony Adames alegó «que no tienen que cumplir con la Ley 340 de Compras y Contraciones». 

«Ayer enviamos una comunicación al alcalde de La Romana explicándole que estamos apoderados de una investigación sobre ese proceso y le solicitamos al ayuntamiento sus medios de defensa, ellos nos envían un escrito de defensa que tenia un párrafo que decía algo como que ellos habían desarrollado ese proceso rápido porque era una necesidad, que ellos no tienen con cumplir con la ley 340 de Compras y Contrataciones, parece que entienden que esa ley no les aplica a ellos», indicó el funcionario.

Pimentel estimó que en unas dos o tres semanas podrían tener una resolución con una decisión sobre ese caso, «pero no podíamos esperar que llegara una decisión sin nosotros advertirles. Nosotros advertimos y les estamos sugiriendo que cancelen ese proceso, porque es una compra directa, contratación grado a grado».

Agregó que «les explicamos que cuando nosotros terminemos, si la decisión en la resolución confirma que es una operación grado a grado usted está comprometiendo su responsabilidad penal».

Casos enviados al Ministerio Público

Carlos Pimentel informó que han remitido al Ministerio Público cuatro casos que tienen indicios penales, entres estos figuran uno de asfáltico, otro del Plan Social y dos casos de Inaipi.

«Identificamos que en esas instituciones operó una estructura para aprovechar los procesos de contrataciones para beneficio personal», dijo.