SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Relaciones Exteriores le comunicó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que República Dominicana no cargará con la crisis haitiana y manifestó lo que definió como “su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos”.

La reacción dominicana se produjo luego de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitiera un comunicado en el que exige a la República Dominicana dar acceso universal a los servicio de salud sin importar el estatus migratorio de la persona.

De igual manera, la Cancillería dominicana aseguró que no hay evidencia de ningún caso de que mujer alguna haya sido sacada de un hospital mientras estaba en labores de parto, como se ha denunciado, y afirmó que los procesos de deportación de los extranjeros en situación migratoria irregular se están realizando conforme al derecho internacional y siguiendo todas las normas de protección de los derechos humanos.

Le recordó que desde 2004 Haití está bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que el fracaso de la comunidad internacional en ese país “ha dejado a la República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del vecino país”.

Manifestó que el deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.
En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos.

En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5 % de los partos de la totalidad de la red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23 % en 2019, a 27.2 % en 2020 y a 30 % en los primeros nueve meses del 2021.

“Ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emite su injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana».

El comunicado de la cancillería es enfático en que “nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”.

Afirma deportaciones no violentan derechos.

Principios. La Cancillería explica que el Gobierno respeta irrestrictamente el principio de no devolución en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política o nacionalidad, pero aclaro que dicho principio no aplica en los casos en cuestión, “ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular.

En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna”.