Canalización Comercial del río Camú

En el mes de julio de 2009 el Presidente de la República, Leonel Fernández, emitió el Decreto No. 530-09, que declara de interés nacional la remoción de sedimentos en las cuencas fluviales de los principales ríos del país, a fin de corregir, de manera sostenible, problemas de sedimentación en los cauces y en los embalses de las presas y así reducir el riesgo de las inundaciones que ponen en peligro vidas y propiedades en aquellos momentos en que los disturbios tropicales, las vaguadas, las tormentas o los huracanes nos generan intensas precipitaciones que provocan crecidas de ríos, o llenan los embalses y obligan a vertidos extraordinarios que inundan grandes regiones.

En esa misma semana escribimos en la prensa que en principio la intención era buena, pero que debíamos estar muy pendientes para evitar que una buena intención no fuese prostituida, ya que aparecerían muchas personas y empresas que, al amparo de este Decreto, querrían emplazarse en los cauces de nuestros ríos para dizque canalizarlos, como se propuso hace ya mucho tiempo en el río Nizao, donde la canalización nunca fue hidráulica, ni ambiental, sino una canalización comercial que terminó por dañar el cauce y las márgenes de este importante río.

Desde hace muchos años hemos estado propugnando, de manera pública, por el dragado de los embalses de nuestras principales presas, ya que la mayoría de ellas han acumulado una extraordinaria cantidad de sedimentos finos y gruesos que reducen su capacidad de almacenamiento de agua, y acortan la vida útil de estas costosísimas infraestructuras hidráulicas, las que cada día son más indispensables para el suministro de agua potable a ciudades como Santo Domingo, Santiago, Moca, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y toda la Línea Noroeste,  para el riego agrícola en las zonas de San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan de la Maguana, Santiago, Navarrete, Esperanza, Valverde, Santiago Rodríguez y otras zonas de la Línea Noroeste, así como para la producción de una energía eléctrica, limpia y barata, que suple el 15% de la demanda eléctrica nacional.

También hemos dicho que toda canalización de nuestros ríos debe ser estrictamente hidráulica y ambiental, no comercial, de forma tal que sólo se remueva o se drague del cauce el material necesario para garantizar el tránsito de la crecida máxima probable, pero no para tener una grancera permanente emplazada en el cauce de la corriente.

Pero nuestro artículo del mes de julio de 2009 hoy se ha convertido en una triste realidad, ya que el Decreto 530-09 sólo ha servido para instalar granceras en los cauces de ríos, y el mejor ejemplo lo constituye el caso del río Camú, en la ciudad olímpica de La Vega, el cual está siendo canalizado comercialmente donde no necesita canalización hidráulica ni ambiental, simplemente porque el Alcalde de la ciudad de La Vega, de común acuerdo con la empresa Transvas, S. A, está “canalizando” un tramo de 5,200 metros, con un ancho de 60 metros y una profundidad de 2.5 metros, lo que implica un movimiento de gravas y arenas, de buena calidad, de 780,000 metros cúbicos.

Si esos 780,000 metros cúbicos de gravas y arenas los multiplicamos por el precio promedio de venta en la planta, que es de 650 pesos por cada metro cúbico, tendremos que el volumen monetario a producir con ese recurso natural, propiedad de todos, es de nada más y nada menos que 507 millones de pesos, y esa cifra es atractiva para cualquier político amigo y compadre de un Presidente de la República.

Esa cantidad de dinero, luego se multiplicaría por dos, porque cuando terminen de extraer las gravas y arenas en los primeros 5,200 metros lineales del río, vendría una extensión de otros 5,200 metros más de esa tremenda obra social comunitaria desarrollada por estos “apóstoles del bienestar social y ambiental”.

Cuando usted llega a la “zona de canalización” se encuentra con que el río Camú está canalizado naturalmente, porque su cauce corre en un cañón de arcillas calcáreas cuyas paredes tienen unos 8 metros de altura, y que en tal virtud no hay forma de que el río se salga de su cauce, al menos en ese tramo.

Pero otra evidencia de que la canalización no es hidráulica ni ambiental, es que en los casos ambientales o hidráulicos se remueve el material excedente de un tramo elevado y se coloca parte de ese material en otro tramo deprimido donde falta material, a fin de mantener un gradiente hidráulico uniforme que permita el libre tránsito de cualquier crecida, sin producir efectos negativos en el cauce y en las márgenes, pero de manera curiosa todo el material extraído del cauce del río Camú está siendo llevado a una planta procesadora escogida por el Alcalde de La Vega y por la empresa Transvas, S. A.

Si la canalización fuese hidráulica o ambiental el material extraído sería utilizado por el Alcalde de La Vega para reparar los caminos vecinales de la provincia de La Vega, para construir y/o reparar aceras y contenes en la Vega; e inclusive para comercializar una parte del agregado y con ese dinero hacer obras sociales en La Vega y reforestar la cuenca hidrográfica del río Camú.

Pero no, ese dinero va a las cuentas personales de quienes se aprovechan de los recursos naturales para su explotación irracional y para su enriquecimiento rápido, porque aparentemente los agregados de ríos no tienen dueños, y en tal sentido son propiedad de la autoridad municipal y propiedad de los amigos del Presidente de la República; y donde usted y yo vemos gravas y arenas ellos ven mucho dinero, pero donde usted y yo vemos arcillas y limo ellos ven basuras y no les interesa canalizar los tramos arcillosos y limosos.

Estas burdas extracciones comerciales se hacen con el amparo y la defensa del Ministerio de Medio Ambiente, institución que ha permitido y ha defendido este simulacro de canalización, sin disponer de una licencia ambiental, y peor aún, conociendo que el Alcalde municipal de La Vega, quien debe actuar como la extensión municipal del Ministerio de Medio Ambiente, para hacer valer el espíritu de la Ley Ambiental 64-00, aparece como auspiciador del daño ambiental.

El deseo de hacer las cosas al margen de los principios ambientales llevó a los promotores de este negocio ambiental-municipal a sustituir la firma del Obispo de la diócesis de La Vega, Monseñor Antonio Camilo, y en su lugar colocar un garabato nada parecido a la firma de monseñor Camilo, quien ha debido emitir y leer una nota pública aclaratoria de que la diócesis de La Vega desaprueba esa canalización comercial, diciendo:

“La Comisión Diocesana de la Pastoral Social y Medio Ambiente de la Diócesis de La Vega, teniendo en cuenta que la tierra con sus bienes son patrimonio de la humanidad y herencia que recibimos de nuestros mayores, que debemos administrar y distribuir con justicia y equidad y transferir a los que nos sucedan, no deteriorada, sino al contrario, mejorarla, rechaza la disposición gubernamental de permitir la extracción de materiales del cauce del río Camú por el daño causado al lecho del mismo y por ser una actividad en manos de particulares con fines puramente comerciales que destruyen lo poco que queda del río Camú e impide que La Vega reciba el líquido preciado para sus moradores y lo necesario para la agricultura de nuestra región”.

Si en nuestro país tuviésemos autoridades e instituciones respetables ya se hubiese obligado al Alcalde de La Vega a renunciar a su cargo por violaciones a la Ley Ambiental 64-00 y por beneficiarse de la explotación de los recursos naturales que él debe cuidar, ya que los veganos han demostrado que el Alcalde de la Vega y la empresa Transvas, S. A tienen un contrato de 70 millones de pesos otorgado por el Ministerio de Obras Públicas para reparar varias calles en la misma ciudad de La Vega. Pero y cómo es eso?

En un país organizado e institucionalizado también se hubiese obligado al Ministro de Medio Ambiente a renunciar al cargo por permitir deliberadamente y por justificar tal conducta depredadora del cauce del río Camú, y por razones similares a esa es que el pueblo dominicano ya no confía en esa Institución Ambiental, particularmente desde que vimos a Medio Ambiente dar permiso para instalar una cementera en Los Haitises y luego justificarla con perversidades diciendo que quienes se oponían a esa aberración ambiental lo hacían pagados por las cementeras privadas, aunque tuvieron que callarse cuando leyeron el informe de las Naciones Unidas (PNUD) y luego el informe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), ya que ambos informes nos daban la razón en la objeción  a ese desafortunado proyecto de Los Haitises.

El caso de la canalización comercial del río Camú es el nuevo escándalo ambiental de la Rep. Dominicana.