Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) estableció el uso obligatorio del Sistema de Información de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP) para la rendición de cuentas de los gobiernos locales, medida que entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026.
La disposición abarcó a todos los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, así como a las juntas de los distritos municipales, que deberán utilizar la referida plataforma como único medio oficial para la presentación de sus rendiciones de cuentas, presupuestos y ejecuciones presupuestarias.
La entidad explicó que la medida formó parte del proceso de transformación digital y modernización institucional, con el objetivo de optimizar los procesos administrativos, garantizar la transparencia y dar cumplimiento al artículo 134 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 18-24, el cual dispuso que las obligaciones de rendición de cuentas se realizaran a través de canales digitales oficiales.
La Cámara de Cuentas indicó que, tras la entrada en vigor de la disposición, no recibiría documentación en formato físico ni por vías electrónicas tradicionales, y que todas las gestiones correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y periodos posteriores se realizarían exclusivamente mediante la plataforma digital del SICEEP.
Asimismo, la institución informó que puso a disposición de las entidades locales canales de asistencia para facilitar el proceso de adaptación y resolver inquietudes sobre el uso del sistema.
Entre estos se incluyeron los teléfonos (809) 682-3290, extensiones 340, 3406 y 3407, la línea directa (809) 682-3425 y el número móvil (829) 421-0966, así como el correo electrónico glocales@camaradecuentas.gob.do.
La Cámara de Cuentas también dispuso atención presencial en su sede principal en Santo Domingo y en su Oficina Regional de Servicios en Santiago de los Caballeros, para las entidades de la región Norte.
La institución reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y exhortó a las autoridades locales a realizar con antelación los procesos de inscripción y capacitación para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.
