Santo Domingo.- Caminar en calles como las del Gran Santo Domingo se ha convertido con los años en una prueba peligrosa que diariamente enfrentan los peatones y que, afecta, especialmente, a las personas en silla de ruedas y con discapacidad visual.
Obstáculos cotidianos, como hoyos de construcción, vehículos mal estacionados, vendedores que ocupan las aceras, falta de rampas para los que tienen limitaciones de movilidad o señaléticas en el suelo que sirvan para orientar a los que no pueden ver, constituyen barreras físicas en el desplazamiento de las personas más vulnerables, que vuelven la calle un entorno hostil.
Así lo expresó Francina Hungría, presidente y fundadora de la Fundación Francina, quien explicó que la inseguridad vial también genera temor entre las personas con discapacidad, al punto de que algunas experimentan ataques de pánico ante el tránsito de vehículos y motocicletas.
Manifestó que la creencia cultural de que “el peatón no es gente”, sumada a la normalización de que caminar por las calles sea una especie de prueba de obstáculos, contribuye a minimizar e invisibilizar las deficiencias del entorno urbano.
Situaciones como estas llevan a convocar para el próximo 13 octubre, el Sexto Congreso de Accesibilidad Urbana, que realiza la fundación, este año bajo el lema “IA también es Inclusión y Accesibilidad”, que se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Puccm).
“Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de accesibilidad urbana, no estamos hablando de rampas, no estamos hablando de señaléticas en braille, estamos hablando de cosas tan sencillas como iluminación, como identificación de los autobuses que tienen la plataforma accesible”, enfatizó.
Hungría recordó que, de acuerdo con la Ley 5-13 sobre Discapacidad, cada año debería incorporarse un 10% de autobuses accesibles hasta alcanzar el 100%. Sin embargo, cuestionó que, aun cuando recientemente se hayan anunciado autobuses adaptados para personas que utilizan dispositivos de apoyo, persiste la pregunta sobre ¿cómo puede una persona en silla de ruedas o que utiliza un andador saber dónde se encuentran esos autobuses?
Para la presidente de la Fundación Francina, esa interrogante evidencia que la accesibilidad también depende de la información, la señalización y la capacidad del sistema de transporte para comunicar de manera efectiva sus servicios.
La consecuencia es que algunas personas terminan dependiendo de familiares o de terceros para realizar actividades que deberían poder hacer por sí mismas.
“La gran barrera no es la condición, sino el entorno”
José Beltrán, colaborador de la fundación, sostuvo que el enfoque sobre discapacidad debe cambiar para comprender que una persona ciega no enfrenta dificultades únicamente por no poder ver, sino porque una ciudad con obstáculos puede impedirle reaccionar ante determinadas situaciones y aumentar su exposición al peligro.
De igual manera, señaló que el problema para una persona que utiliza silla de ruedas no radica simplemente en utilizar ese dispositivo, sino en que las calles y los espacios públicos no estén diseñados para permitir su desplazamiento.
“En el momento que entendemos que la discapacidad no es lo que te inhabilita, sino el entorno, entonces comenzamos a comportarnos de una manera mucho más responsable”, afirmó Beltrán.
Asimismo, señaló problemas de mantenimiento en infraestructuras existentes, como los ascensores del Metro de Santo Domingo y los pisos podotáctiles destinados a orientar a personas con discapacidad visual.
Beltrán advirtió que construir una infraestructura accesible y luego dejarla deteriorarse puede generar una nueva dependencia.
Una persona puede organizar su jornada alrededor del Metro porque sabe que puede utilizar un ascensor y ahorrar el costo de un taxi, explicó. Pero si el ascensor deja de funcionar, esa autonomía desaparece de un momento a otro.

Inteligencia artificial para tomar decisiones urbanas
El debate sobre accesibilidad del referido congreso estará vinculado con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, de lo que Beltrán subrayó que República Dominicana cuenta con la posibilidad de acceder a servidores con capacidad suficiente para procesar grandes cantidades de datos y con profesionales que pueden combinar conocimientos técnicos y políticas públicas para convertir esa información en decisiones concretas.
Puso como ejemplo la gestión del tránsito y los semáforos. Afirmó que el objetivo no consiste en plantear soluciones extraordinarias, sino en utilizar de manera inteligente los datos disponibles para mejorar la circulación, incrementar la seguridad vial y contribuir a salvar vidas.
Tecnología, educación y desarrollo
Beltrán explicó que el contenido del congreso no estará enfocado exclusivamente en la tecnología por sí misma, sino en cómo la inteligencia artificial, la conectividad y la educación pueden integrarse para impulsar cambios sociales y económicos.
Indicó que en los paneles participarán representantes de la academia, el sector privado, el Gobierno, el Congreso, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El propósito, según explicó, es analizar cómo las nuevas tecnologías y la educación pueden contribuir a fortalecer la competitividad del sector privado, mejorar el acceso a políticas públicas de desarrollo y responder a la demanda de formación técnica que existe en el país.
Esta iniciativa permite a la Fundación Francina recaudar fondos para ayudas como la entrega de bastones blancos, que hasta la fecha ha impactado a unas 8,000 personas.
De hecho, Hungría puntualizó que 9 de cada 10 personas con bastón han sido beneficiados por la organización que dirige.
Una población que demanda ciudades accesibles
La también ingeniera destacó que la discusión sobre accesibilidad no debe verse como una política dirigida únicamente a un pequeño grupo de personas.
Según los datos que citó, el 12.41% de la población tiene algún tipo de discapacidad, mientras que alrededor del 18% corresponde a personas envejecientes, un grupo que también puede experimentar una disminución de sus capacidades sensoriales y motrices.
Agregó que, si a esto se suma la llamada “movilidad del cuidado”, los desplazamientos y recursos que realizan familiares y otras personas para acompañar a quienes tienen limitada su autonomía, el impacto de las barreras de accesibilidad alcanza a una población mucho más amplia.