Santo Domingo.-El Ministerio Público aseguró ayer que tiene pruebas irrefutables para demostrar la participación de cada uno de los imputados en el que ha denominado entramado de corrupción Calamar, creado para desfalcar al Estado con más de RD$19,400 millones.

Dijo que las pruebas son sobreabundantes y que sustentan los hechos contenidos en la solicitud de medida de coerción, que son más de 1,160 evidencias y más de 64 testigos.

Una de las imputadas de Calamar saluda a familiares que estaban en la Fiscalía. elieser tapia

El procurador adjunto Melvin Romero dijo que el Ministerio Público inició la presentación de la solicitud de imposición de medida de coerción, que contiene 2,220 páginas, y en 10 horas se avanzó en un 95 %.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, recesó para mañana viernes continuar el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a imputados en el entramado Calamar, a la cabeza del cual el Ministerio Público ha puesto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a quien atribuye haber ideado la red para estafar al Estado para su beneficio y de otros imputados.

Mañana, a las 9:00 de la mañana, será reanudado el proceso en el cual el Ministerio Público concluirá con la parte de la calificación jurídica contra los imputados en el caso Calamar, y hará su anunciada solicitud de complejidad y la imposición de medida para cada acusado.

“Nosotros avanzamos en un 95 % del esquema de presentación. Tuvimos que combinar la presentación de medida de coerción. Hechos, fundamentación de la participación de los imputados y también la presentación de pruebas”, manifestó el procurador adjunto Romero.

A la cabeza de este caso se encuentran los exministros de la pasada administración: Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que también fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y aliados en mayo de 2020.

Procurador adjunto Melvin Romero responde preguntas a periodistas. José Francisco

Los miembros de la denominada red de corrupción Calamar habrían sustraído más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa, suman más de 19 mil millones, para su beneficio y adquirir bienes muebles e inmuebles.

Luego que el órgano acusador termine su lectura de la solicitud de medida de coerción del caso Clamar, le tocará a los abogados del Estado, seguidos de la defensa de los imputados, que presentarán la refutación de los señalamientos del Ministerio Público.

Según los fiscales, el exministro Donald Guerrero utilizó como complemento a la estructura para hacer procesos ilegales de deuda pública y con ello distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado para beneficiarse de manera personal y obtener fondos ilícitos durante los períodos 2019-2020.

Esto con la finalidad de financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo candidato era Gonzalo Castillo, lo que implica lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña política.

Previo al inicio, jueza Romero rechazó declarar inadmisibles varias querellas presentadas por entidades privadas, contra los imputados en el expediente de corrupción.

Un proceso

— Extenso
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, tomó la decisión unas diez horas después de iniciada la audiencia de coerción a la 10:00 de la mañana, y recesó casi a las 8:00 de la noche.

Defensa de Gonzalo dice MP no tiene pruebas
Justicia. Laura Acosta Lora y Luis Rivas, abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar, aseguran que a su representado que el tribunal otorgara libertad pura y simple.

Las defensas dijeron que este proceso no es para determinar la responsabilidad de los supuestos hechos que les imputa el Ministerio Público a su representado, sino que se trata de prepuesto.

Por lo que, el jurista Rivas, dijo que el Ministerio Público no ha aportado ni una prueba que justifique que se le impongan prisión preventiva contra Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Danilo Medina.

Acosta dijo que desconoce las condiciones en que están los delatores del caso, a pesar de que han reconocido la participación en un entramado para sustraer fondos.