El desarrollo contemporáneo del derecho de la responsabilidad civil de la prensa frente a los derechos de la personalidad exige una delimitación rigurosa entre la libertad de información y las esferas de la vida privada y la propia imagen. Históricamente sustentado sobre la teoría clásica del delito y cuasidelito civil, el derecho al respeto de la privacidad ha evolucionado desde una exigencia de probar la falta y el perjuicio material o moral, hacia la consagración de un verdadero derecho subjetivo.
Esta autonomía conceptual, reforzada por el constitucionalismo moderno y los tratados internacionales de derechos humanos, otorga a cada individuo la facultad jurídica de excluir a terceros del conocimiento y difusión de sus datos íntimos, sentimentales, de salud o familiares, independientemente de que se trate de un ciudadano común o de una figura de notoriedad pública.
Esta evolución descrita por la doctrina encuentra su máxima expresión en la República Dominicana en el Artículo 44 de la Constitución, que consagra el Derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen, y el Artículo 38, que instituye la Dignidad Humana como el fundamento del Estado. El Tribunal Constitucional (TC) ha establecido de forma vinculante que el derecho al honor y a la buena reputación constituyen límites infranqueables para la libertad de expresión (Art. 49), advirtiendo que la notoriedad pública no despoja al individuo de su dignidad inherente.
La jurisprudencia civil ha dejado establecido un criterio fundamental que desarma la defensa común de los medios sensacionalistas: la tolerancia pasada o la complacencia previa del sujeto frente a la prensa no constituye una autorización tácita, definitiva ni permanente para la recopilación o reproducción irrestricta de su vida privada por cualquier canal de difusión.
El Tribunal Constitucional dominicano ha respaldado este criterio de especificidad del consentimiento. El TC ha sido enfático al señalar que el consentimiento en materia de derechos de la personalidad es de interpretación restrictiva y esencialmente revocable. La aquiescencia de una figura pública para abrir las puertas de su intimidad en un momento específico no se traduce en una "carta en blanco" o renuncia perpetua a su privacidad. Cada intromisión de la prensa exige una justificación causal y un interés público legítimo y actual, no el mero morbo o la explotación comercial de la imagen de la persona.
Este principio de especificidad del consentimiento cobra una relevancia aún mayor cuando se analiza de forma diferenciada el derecho a la propia imagen, cuyo ámbito de protección es sustancialmente más amplio que el de la intimidad. Se vulnera el derecho a la imagen desde el momento mismo de su captación no consentida, incluso si el sujeto se encuentra en un espacio público o si los retratos no reproducen escenas de estricta intimidad.
La jurisprudencia determina que la recopilación y unificación de informaciones fragmentarias ya publicadas en otros medios genera un daño autónomo y reprobable al tocar nuevas audiencias y presentar al individuo bajo una luz desagradable o lesiva para su dignidad. Asimismo, la utilización de recursos gráficos que alteren la percepción de la persona, tales como la inclusión de retratos similares a la caricatura o fotomontajes sin la debida autorización, tipifica de manera flagrante una transgresión al derecho de la personalidad.
Frente a los abusos gráficos y la difamación mediática, el Tribunal Constitucional dominicano (en fallos emblemáticos como la Sentencia TC/0092/19 y similares sobre ponderación de derechos) utiliza el test de proporcionalidad para resolver el conflicto entre la libertad de prensa y los derechos de la personalidad, evaluando: la relevancia pública (si la información o imagen aporta al debate político o social, o si es simple entretenimiento lesivo); la veracidad (el deber de debida diligencia del periodista para verificar los hechos); y el uso de términos o recursos gráficos (la proscripción del insulto, la distorsión visual maliciosa y la humillación innecesaria).
La profesión, actividad o relevancia pública de la víctima solo operan como presunción de autorización tácita bajo límites comerciales o informativos sumamente estrictos y nunca justifican el abuso o la afectación desproporcionada de su consideración social.
Por consiguiente, la labor judicial y doctrinal debe orientarse a equilibrar la necesidad social de información con la protección de la dignidad humana. Las conductas previas de desinhibición o apertura mediática por parte del afectado no actúan como una patente de corso ni conllevan la pérdida de la titularidad de sus derechos, operando únicamente, en el plano procesal, como un factor de moderación cuantitativa para la estimación del quantum indemnizatorio de los daños y perjuicios morales.
La protección civil de estos derechos extrapatrimoniales faculta a los tribunales no solo a decretar reparaciones pecuniarias posteriores, sino a adoptar medidas provisionales urgentes de carácter preventivo para evitar que la consumación del ataque a la intimidad resulte irreparable.
El respeto a la seguridad jurídica y la certidumbre de los administrados exigen que las reglas del juego que protegen la esfera personal se mantengan inalterables frente a las mutaciones tecnológicas y los excesos del mercado editorial.
Esta postura doctrinaria encuentra un sólido asidero histórico y jurisprudencial internacional en el célebre caso Gunther Sachs contra Société Presse-Office, editora del periódico "Lui", fallado en Francia por la Segunda Sala Civil de la Corte de Casación (Cour de Cassation, Civ. 2°) en su sentencia del 6 de enero de 1971 (Bull. civ. II, n° 6, p. 4; D. 1971. 263.).
Este hito, plenamente vigente, se acopla de manera directa a los criterios del Tribunal Constitucional dominicano al reconocer que la vida privada de los ciudadanos —famosos o no— goza de un núcleo duro e impenetrable. La libertad de prensa es un pilar democrático indiscutible, pero su ejercicio legítimo se detiene en el umbral donde comienza la degradación de la dignidad humana y la comercialización no autorizada de la identidad del individuo.
Sobre el autor: Dr. Eduardo Tavárez Guerrero, PhD | Abogado y Académico | Teléfono: 829-858-2808 | Correo electrónico: dr.eduardotavarez@hotmail.com
