Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública sostuvieron un encuentro con fiscales titulares y coordinadores defensores de todo el país, en el que consensuaron criterios para mejorar la aplicación de los acuerdos penales y las medidas de coerción.
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Durante la reunión, ambas instituciones coincidieron en que una gestión responsable de los acuerdos puede reducir significativamente los tiempos de tramitación, los costos procesales y la revictimización, siempre que se garantice información suficiente, asesoría técnica de calidad y control judicial efectivo en cada etapa del proceso.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso destacó la importancia de buscar un equilibrio entre la reinserción social del imputado y la reparación del daño causado a la víctima, asegurando que los acuerdos deben cumplir una doble función dentro del sistema penal.
Por su parte, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, valoró positivamente el diálogo, señalando que el país debe avanzar hacia un mayor uso de estos mecanismos, como ocurre en otras naciones de la región donde han mostrado resultados positivos en eficiencia y descongestionamiento carcelario.
Durante el encuentro, fiscales y defensores compartieron experiencias y buenas prácticas que permitirán fortalecer los mecanismos de justicia penal y promover criterios más equitativos en la aplicación de medidas coercitivas.
Las autoridades también abordaron la necesidad de uniformar los criterios sobre fianzas y prisión preventiva, tomando en cuenta el peligro de fuga, la obstrucción del proceso y el principio de proporcionalidad, reforzando la presunción de inocencia y la mínima intervención.
Actualmente, la República Dominicana presenta un bajo nivel de acuerdos penales. En 2022, solo el 1.05% de los casos cerrados por la Defensa Pública se resolvieron mediante acuerdos, una cifra muy por debajo de países como Estados Unidos (97.1%), México (68.7%) y Colombia (41.4%).
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