Es constante la exigencia, por ciudadanos ordinarios y activistas opositores, de cambios para mejorar muchos de los seculares problemas que acogotan al pueblo. Uno de los más emotivamente cargados de pólvora política es la invasión de parturientas haitianas en los centros de salud del Estado.
En algunas partes del país, donde hay guetos de inmigrantes ilegales, casi la totalidad de los partos corresponden a mujeres del vecino país que vienen a parir o que residen aquí irregularmente.
Es enorme el costo de atender a esas personas, que van al hospital sin haber recibido previamente ninguna supervisión médica de su embarazo, alterando las estadísticas de muertes neonatales o por complicaciones del alumbramiento. Por tanto, es una buena noticia que tras el anuncio por el Gobierno hace un año, de que pondría atención al clamor popular de corregir esta crisis sanitaria y migratoria, hay una reducción drástica en la cantidad de parturientas haitianas atendidas en la red de hospitales públicos.
La situación representa un cambio importante en la afluencia de haitianas que históricamente abarrotaban las maternidades dominicanas. La noticia la dio el presidente del Observatorio de Políticas Migratorias, Miguel Franjul (director del Listín Diario), designado por el presidente Abinader. El cumplimiento de 15 disposiciones del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis migratoria varía desde 20 % hasta un 137 %, dijo Franjul en un informe que evalúa el primer año de cumplimiento.
Las deportaciones de inmigrantes ilegales, cuya meta era sacar a 10,000 extranjeros semanales, apenas logró cumplir el 33 %. Pese a sus deficiencias parejas con los logros, la acción oficial demuestra que cuando se quiere se puede.
