Banco Central rechaza presión para pagar US$5 millones a consorcio y defiende cumplimiento de acuerdo sobre terrenos
Santo Domingo.— El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) rechazó este jueves la presión mediática que, según afirma, ha desplegado el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral para exigir el pago de aproximadamente US$5 millones, alegando que la sentencia que reconoce dicha indemnización aún no tiene carácter definitivo y se encuentra recurrida ante la Suprema Corte de Justicia.
A través de un comunicado, la institución explicó que el conflicto se origina en un acuerdo mediante el cual, en agosto de 2004, transfirió al consorcio derechos sobre 5,000 metros cuadrados de terrenos ubicados en el antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera, como parte del mecanismo utilizado por el Estado para saldar deudas con empresas que participaron en la ampliación de la Autopista Duarte.
El Banco Central sostiene que cumplió con las obligaciones asumidas, al entregar al consorcio el certificado de título correspondiente, lo que permitió que este registrara a su nombre una porción de 5,000 metros cuadrados. Según la institución, el propio contrato establecía que las labores de deslinde y subdivisión necesarias para individualizar el terreno serían responsabilidad del consorcio.
El conflicto se produjo posteriormente debido a la ubicación y disponibilidad del terreno. El consorcio alegó que no había podido tomar posesión efectiva de la propiedad, debido a que otros contratistas habían realizado previamente trabajos de deslinde dentro de la misma parcela.
Antes de la actual controversia, el consorcio había demandado la nulidad de esos deslindes. El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central declaró inadmisible esa acción por falta de legitimación activa, decisión que posteriormente fue recurrida y confirmada en las instancias correspondientes, según el Banco Central.
En junio de 2017, el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral inició una nueva acción judicial, esta vez solicitando la rescisión del contrato de dación en pago y una indemnización por daños y perjuicios.
El proceso culminó con una decisión de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional favorable al consorcio.
El Banco Central sostiene que esa decisión no es definitiva, debido a que fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia. La institución también señala que, dependiendo del resultado del proceso, podrían existir posteriormente vías de revisión ante el Tribunal Constitucional.
La entidad cuestionó, además, los intentos del consorcio de ejecutar la decisión mediante embargos retentivos, al considerar que se estaría intentando cobrar una sentencia que todavía puede ser modificada o anulada.
Como parte de sus argumentos, el Banco Central citó un informe de verificación y análisis técnico-catastral realizado el 6 de marzo de 2026, a requerimiento de la institución que, según el comunicado, determinó que el consorcio figura como propietario de los 5,000 metros cuadrados y que dicha porción de terreno continúa disponible.
La institución también criticó lo que calificó como una estrategia de presión en medios de comunicación y redes sociales para presentar el caso como si existiera ya un crédito firme contra el Banco Central.
El Banco Central afirmó que su posición busca que los tribunales otorguen a los hechos su verdadera naturaleza y ponderen las pruebas aportadas durante el proceso, incluyendo el informe técnico que, según sostiene, no fue tomado en consideración por la Corte de Apelación.
El caso permanece pendiente de decisión ante la Suprema Corte de Justicia, donde deberá determinarse la validez del fallo que reconoció la indemnización y, en consecuencia, si el Banco Central deberá asumir finalmente el pago reclamado por el consorcio.
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