Después de apropiarse fraudulentamente de títulos de terrenos en la zona de Bahía de las Águilas, el Gobierno ha decidido firmar un acuerdo con los delincuentes.

Haciendo honor a su nombre (las águilas son las mayores aves depredadoras) los depredadores más grandes y bastante poderosos han agarrado a su presa -el gobierno- de tal suerte que ha demostrado no tener voluntad para escapar de tan vergonzoso asalto.

Los representantes del Gobierno han pretendido explicar, jamás justificar, tan espuria tratativa.

Han generado un falso debate, apelando a no eternizar las litis de las que están apoderadas hace unos tres lustros los tribunales y a atacar los niveles de pobreza de Pedernales y sus áreas circundantes mediante el desarrollo del turismo.

Arribar a un acuerdo con unos vivos delata una muy grave falta de determinación por parte del Gobierno y, peor aún, el triunfo de la impunidad y el enseñoramiento de las formas más perversas de hacerse de los bienes públicos.

De consolidarse lo anunciado por el Gobierno aquí nadie tendrá seguridad de la garantía que debe el Estado a la propiedad.

Por el contrario, si no puede garantizar lo propio, se estaría abriendo la compuerta del saqueo legalizado, de la incertidumbre y de la selva.

En esa circunstancia no habrá en el futuro ninguna fuerza  moral  ni política capaz de impulsar un proceso de cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos.

Las consecuencias de una decisión como la del Gobierno en este caso son tan perniciosas para la vida institucional del país y para la gestión de Danilo Medina, que sólo rectificando podrá recuperar la bien ganada credibilidad y garantizar la paz social.

No será una derrota para Danilo si se devuelve, sino el triunfo del país, que es su deseo. Además, con la revocación del mandato otorgado para negociar daría una clara señal de un Presidente demócrata, capaz de escuchar y actuar en base a los reclamos justos de la población.