La nueva Constitución de la República Dominicana se encamina a cumplir su primer aniversario, el 26 de enero, y todo parece indicar que muchas de las tareas pendientes tendrán que realizarse a la carrera o simplemente se desconocerán plazos establecidos por la misma Carta Magna.

 Establece claramente que para este 26 de enero el Consejo Nacional de la Magistratura habrá debido escoger los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, a la fecha, aún el Congreso no ha aprobado la Ley Orgánica que regulará su funcionamiento.

Técnicamente es posible que se cumplan los plazos, pero ya nada evitará que la escogencia de esos jueces se haga a la carrera y sin una amplia discusión sobre las condiciones de los integrantes.

El Consejo Nacional de la Magistratura, que aún no ha sido convocado por el Presidente de la República, también tiene la responsabilidad de escoger a los miembros del Tribunal Superior Electoral, órgano cuya ley orgánica tampoco ha sido aprobada.

Otra tarea con más de un año de atraso es la renovación de la Suprema Corte de Justicia, pues varios de sus integrantes hace años cumplieron los 75 años reglamentarios para su retiro obligatorio.

Como se ve hay mucho trabajo atrasado que incide de manera directa en la institucionalidad del país.

Posiblemente el que el Tribunal Constitucional no se conforme a más tardar el 26 de enero no tenga demasiadas implicaciones reales, pero en términos simbólicos dejaría mucho que desear, pues el órgano garante de la constitucionalidad estaría surgiendo en medio de una violación de un plazo constitucional.