Hace años, el doctor Pedro Luis Castellanos, actual superintendente de Salud, dio una entrevista que puede ser localizada en internet.

Es fundamental para saber qué hacer en el debate que ha aterrizado en República Dominicana sobre salud, pensiones y la llamada “seguridad social”. Digo “ha aterrizado” porque nadie sabe cómo ni cuándo el tema volvió a la agenda, y agarra a los grandes afectados, que es la mayoría social, en prácticamente total desmovilización y desarticulación.

Lo primero es que la Atención Primaria, concebida a partir de la Conferencia de Alma-Ata en 1978, es una cosa muy distinta a una consulta donde un médico le haga a uno un chequeo, indique algún fármaco o le resuelva un análisis.

En Atención Primaria (AP) se define la salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y es “un derecho humano fundamental”.

Por esto, AP es al menos “educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes; suministro de alimentos y nutrición apropiada; abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; asistencia materno-infantil; planificación de la familia; inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales; tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; suministro de medicamentos esenciales”.

Y añade: “Entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, en particular la agricultura, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores…”.

En aquella entrevista que mencionábamos, el doctor Castellanos -con sus propias palabras- ayuda a darnos cuenta de uno de los tantos fraudes de la mal llamada “Ley de Seguridad Social”: convierte de contrabando la AP en lo que sería “Primer Nivel de Atención” (la UNAP, centro de diagnóstico o consultorio del barrio) y luego reduce el Primer Nivel a una consulta clínica que “resuelva”.

Los “expertos” contratistas de las ARS, AFP, Banco Mundial y BID nos quieren distraer con si esto tiene que arrancar en el régimen tal o cual, si en el hospital o la clínica, y quiénes son el bueno y el malo.

Demagogia, cuando en realidad nos están estafando.

La verdad es que la AP no tiene nada que ver con las reglas que impone el modelo implantado por los banqueros en República Dominicana, donde los supuestos derechos se reducen a “paquetes” y “coberturas”, siempre “según disponibilidad presupuestaria” y según la clase social.

Cuando esto pasa, la Atención Primaria -dicen expertos latinoamericanos creíbles- queda convertida en Atención Precaria, de pobres servicios para gente pobre.
La verdad hay que verla donde están los intereses, el dinero y las ganancias. El doctor Castellanos ya en ese entonces lo advertía: las ARS y las clínicas no necesitan atención primaria real ni exitosa, porque necesitan clientes seguros y costos bajos para ganar dinero.

Si asumen esto, será para asegurarse más negocio. Agreguemos: el Gobierno, por su parte, dice una cosa pero hace otra, porque la circulación monetaria, de aplausos y de votos, ocurre en las grandes obras de infraestructura, y porque el Estado dominicano -en general- no funciona para garantizar derechos colectivos sino protegiendo privilegios privados y grupales. Continuaremos en una próxima columna.