Santo Domingo.– La Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana (AMFIS) expresó su respaldo a la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño Richiez, directora de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este y Norte, al asegurar que las condiciones de hacinamiento registradas en el centro de retención provisional de esa dependencia no son atribuibles a su gestión.
Mediante un comunicado, la entidad afirmó que la magistrada ha actuado con estricto apego a la Constitución, las leyes y los principios del debido proceso, garantizando los derechos fundamentales de las personas detenidas y realizando las diligencias necesarias para que las solicitudes de medidas de coerción sean conocidas por los tribunales en el menor tiempo posible.
La asociación sostuvo que la situación que enfrenta la jurisdicción de Santo Domingo Este responde a un problema de carácter estructural, debido a que el centro de retención de San Luis opera al límite de su capacidad y, desde hace varias semanas, el Centro Penitenciario Las Parras no está recibiendo nuevos privados de libertad.
Según explicó, esta situación ha generado dificultades logísticas en el traslado y recepción de detenidos, afectando no solo los casos de violencia de género, sino también el resto de los procesos penales de la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte.
Como consecuencia, indicó que se han producido múltiples aplazamientos de audiencias para el conocimiento de medidas de coerción, debido a la imposibilidad de trasladar oportunamente a los detenidos, llegando algunos ciudadanos a esperar hasta un mes para que sus casos sean conocidos por el tribunal competente.
AMFIS precisó que las limitaciones derivadas de la capacidad del sistema penitenciario no son responsabilidad del Ministerio Público. Recordó que, tras la reorganización institucional del sistema de justicia, la administración del régimen penitenciario dejó de ser competencia de esa institución, por lo que la disponibilidad de espacios en los centros de privación de libertad escapa a su ámbito de actuación.
Asimismo, destacó que las funciones de la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño Richiez consisten en proteger a las víctimas, dirigir las investigaciones de los hechos punibles, procurar el arresto de los presuntos responsables cuando exista flagrancia o una orden judicial, y presentar las solicitudes de medidas de coerción dentro del plazo constitucional y legal de 48 horas.
Finalmente, la Asociación de Mujeres Fiscales hizo un llamado a que el debate público sobre la situación se sustente en información objetiva y en la correcta identificación de las causas que han provocado las dificultades operativas que enfrenta actualmente la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte.
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