El primer derecho de ciudadanía consagrado en el artículo 22 numeral 1 de nuestra Constitución es el derecho de elegir y ser elegido de la forma en que lo establece el artículo 208 del texto constitucional mediante el voto personal, libre, directo y secreto.
Visto lo establecido en nuestro ordenamiento constitucional, a ningún dominicano con sus derechos políticos y civiles habilitado y que haya cumplido con los requisitos legales, como tener su cédula de identidad y electoral y figurar empadronado en el registro electoral, no importa en el país en que se encuentre, no se le puede impedir ese derecho.
En nuestro país el voto es libre lo que significa que a nadie se le puede obligar hacerlo y ni castigar por no hacerlo.
Esto lo traigo a colación por el tema en discusión de que debido al alto porcentaje de abstención de la diáspora de 80.9% en las elecciones del 2024 y la cuantiosa suma invertida en la organización de los procesos éstos deben ser eliminados conllevando el cercenamiento de un derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.
La diáspora dominicana sobrepasa los dos millones de personas concentradas fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europa contribuyendo de manera decisiva con la estabilidad de la economía del país.
Este aporte económico se evidencia mediante las remesas llegadas al país entre enero y agosto del presente año alcanzando la cifra de 8,432.7 millones de dólares de los cuales el 80% procede de Estados Unidos convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos de divisas después del turismo.
Así como nuestra diáspora contribuye con nuestra estabilidad económica tiene derecho a que su voz sea escuchada al decidir los destinos del país.
Hasta la reforma del 1994 la diáspora sólo era vista por los partidos y candidatos como una fuente para adquirir recursos para el financiamiento de sus campañas.
Fue producto de su lucha y del esfuerzo de líderes como el Dr. José Francisco Peña Gómez que en la reforma constitucional de ese año se logró incluir el artículo 20 sobre la doble nacionalidad que reconoce a los dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera afirmando que la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana.
Años más tarde en 1997 en la promulgación de la Ley electoral 275-97 se incluía en su artículo 82 la posibilidad de que los dominicanos residentes en otros países pudieran votar.
Hubo de pasar siete años para que ese anhelo de nuestros compatriotas del exterior pudieran verlo realizado.
Es a partir de las elecciones del 2004 en la modalidad de elecciones separadas cuando la diáspora votó por primera vez participando solo en el nivel presidencial.
Para esa fecha pese a la enorme cantidad de dominicanos que residían en el exterior los empadronados con derecho a ejercer el voto fuera del país solo alcanzó la cifra de 52,440 personas de los cuales votaron 35,042 representando el 66.8% en una cifra motivada por el entusiasmo de participar por primera vez.
Para el año 2008 el padrón se había triplicado llegando a la cifra de 154,789 de los cuales acudieron al sufragio 76,713 para un 49.5%.
En el 2011 se promulgó la Ley 136-11 que regula el voto para la elección de los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior distribuidos en tres circunscripciones electorales.
La aplicación de esta ley quedó postergada para el año 2016 debido a los dos años que se prolongó el período legislativo y municipal para lograr la reunificación de las elecciones en un mismo año como lo estableció la reforma constitucional del 2010.
Para las elecciones del 2012 también a nivel presidencial el padrón del exterior era de 328,649 de los que votaron 147,479 marcando el 44.8%.
En el 2016 el padrón aumentó significativamente y tenía 384,523 inscritos de los cuales votaron 187,273 para un 48.7%.
Para el 2020 en medio de la pandemia de la COVID-19 el padrón casi se duplicó alcanzando la cifra de 595,879 y sufragaron 129,567 marcando un 24.6% que representa una cifra considerable dada la situación de una crisis mundial de salud que dejó millones de muertos en todo el planeta.
Para el 2024 el padrón aumentó considerablemente alcanzando la cifra de 863,784 inscritos de los cuales sólo votaron 164,460 equivalente al 19.1% inscribiéndose esto en la alta abstención general realizada en el país de un 45.63 % sólo superada por la registrada en 2020 en plena pandemia con un 50.86%.
Es necesario tomar en cuenta algunos elementos a la hora de analizar ese descenso vertiginoso que ha experimentado la participación dominicana votando en el exterior en los últimos 20 años que descendió drásticamente de un 66.8% en el 2004 a un 19.1% en 2024.
En primer lugar destaca el carácter no clientelar del voto de los dominicanos en el exterior donde la inmensa mayoría depende únicamente de su esfuerzo personal determinando que su voto sea por una oferta que brinde soluciones a los problemas que los aquejan tanto donde residen como en el país.
Definitivamente es un voto más consciente y mucho menos clientelar.
La mayoría de las candidaturas a las diputaciones que los partidos presentan en las tres circunscripciones del exterior son producto de las imposiciones o de reparticiones grupales sin tomar en cuenta si tienen liderazgo en la comunidad que aspiran a representar.
Las candidaturas presidenciales sólo conquistan a sus adeptos con promesas que en su gran mayoría son olvidadas concluido el proceso para querer retornarlas en la próxima contienda.
Pese a esta innegable realidad el porcentaje de la participación de la diáspora dominicana en seis procesos electorales en los últimos 20 años es de 42.25% resultando nada despreciable partiendo de la realidad en que viven nuestros compatriotas de la diáspora.
Esos son sin lugar a dudas los números fríos y reales.
A diferencia de la diáspora en el país los partidos tienen una militancia cautiva que raya en el fanatismo donde el clientelismo funciona como una institución con un alto porcentaje considerado como voto chatarra ejercido bajo el condicionamiento de dádivas de diversa naturaleza siendo esta una situación que no se produce en el exterior.
Sin motivación política sin candidaturas que realmente lo represente y con promesas incumplidas cada cuatrienio resulta muy cuesta arriba pretender revertir esa tendencia abstencionista.
¿Pero eso es motivo suficiente para que se impida que casi un millón de dominicanos que seguro estarán empadronados para las elecciones del 2028 puedan ejercer su sagrado derecho al voto?
La respuesta es rotundamente NO.
Impedirlo y coartar este derecho representaría una violación al primer derecho de ciudadanía de elegir y ser elegido.
Lo que debe llamar la atención de todo ciudadano es el deterioro creciente de nuestro sistema de partidos que tiene que cuestionarse seriamente su accionar reprobado por un 60% de los dominicanos según revelan las últimas mediciones nacionales.
Debemos preguntarnos por qué crece la franja de indecisos y por qué la variable de abstención sigue en aumento tanto en el exterior como en el propio país.
Lo cierto es que tenemos un sistema de partidos en crisis cuyo deterioro es una amenaza para el débil sistema democrático que viven los dominicanos porque sin partidos la democracia es una ficción y sólo un sistema de partidos fuerte puede producir una democracia de igual magnitud.
Revertir la peligrosa tendencia abstencionista y de desapego a las organizaciones políticas del país requiere de nuevas alternativas y de un nuevo liderazgo con propuestas que pasen del simple enunciado a la solución real de los problemas que aquejan la sociedad dominicana.
Plantear la posibilidad de eliminar el voto de los dominicanos que viven en el exterior por el motivo que sea es una violación de un derecho consagrado en nuestra Carta Magna que no soluciona el problema de fondo del cual son en gran medida responsables nuestras propias organizaciones políticas.
Esta propuesta aislada es como irse por las ramas alejándose del tronco que representa verdaderamente el elemento clave del problema.
La fiebre de la abstención no está en la sabana sino en el cuerpo enfermo de nuestro actual sistema de partidos.
