Uno de los hombres más sabios –y también uno de los más ricos del país–tiene por principio que cuando le plantean un negocio que él no entiende en los primeros cinco minutos, definitivamente, no lo hace.

Guardando la distancia –y con el debido respeto a uno y otro–, es como le diría el “filósofo” Ceky Viciny a su amigo “Secreto, el Famoso Biberón”: “Yo no tengo tiempo pa´ perder el tiempo”.

Así es. Cuando las cuentas están claras, cuando las cosas son ciertas, no hay que dar muchas explicaciones, sencillamente sobran las aclaraciones.

Pero eso no es lo que está pasando con el sorpresivo anuncio de un fideicomiso para las plantas termoeléctricas de Punta Catalina.

El Congreso aprobó en un santiamén un proyecto de fideicomiso que busca entregar las plantas de Punta Catalina y todo lo que ella implica, a particulares para que la administren ¡por 30 años! Casi nada.

No estamos hablando de cualquier activo. Punta Catalina es la obra propiedad del Estado más costosa de todas cuantas se hayan hecho aquí desde la fundación de la República.

Ninguna otra obra ha sido más costosa. Ni el ferrocarril de Lilís (1890), ni la famosa Feria de la Confraternidad y la Paz, de Trujillo (1955), ni las presas hidroeléctricas de Balaguer, ni los túneles ni el metro de Diandino y Leonel. Ninguna de esas obras costó más que las plantas Punta Catalina.

Sabemos que fue sobrevaluada. La constructora Odebrecht admite que pagó US$39 millones en sobornos para que le fuera adjudicada la obra. Hoy el Estado la estima en más de US$2,300 millones. Se trata pues de un pastel muy apetecible.

Es extraño que el propietario de una obra así tenga prisa en desprenderse de ella y ponerla en otras manos, como cuando un bachatero decide cantar el merengue que dice “agárrame eso ahí, agárrame eso”. La diferencia es que no estamos hablando de bachata ni de un merengue jocoso, sino de lo que muchos ya definen como una privatización disfrazada de Punta Catalina.

Según la propuesta ya aprobada por los diputados y pendiente de aprobación en el Senado, a los fiduciarios les serían entregados desde los generadores hasta los vehículos, dólares, pesos hasta el carbón que hay en el patio de Punta Catalina.

El gobierno argumenta que no es una privatización, que la planta seguirá siendo 100 % propiedad del Estado dominicano, pues la fiduciaria en cuestión es del estatal Banco de Reservas.

Sin embargo, todo parece apuntar a que este fideicomiso es la antesala de la privatización de la planta, pues nunca se ha visto a un empresario trabajar por amor al arte, pues eso no va con su naturaleza, lo cual es comprensible y no hay que demonizar.

Durante la campaña, Luis Abinader y el PRM garantizaron que Punta Catalina no sería vendida al sector privado, como sí pretendieron los peledeístas.

Y si bien el presidente Abinader no tiene tiempo para perderlo así de fácil, me temo que tendrá que emplear al menos cinco minutos para convencernos de que las plantas de Punta Catalina no serán privatizadas, ni “capitalizadas” y mucho menos regaladas.
Así no fue que hablamos.