El Día 
SAN FRANCISCO.-A Armando Rodríguez se le advirtió varias veces que tomara su medicamento contra la tuberculosis.
Las autoridades dijeron que incluso le dijo al agente asignado a su caso que abandonó el tratamiento porque estaba preocupado por su hígado después de darse un atracón de alcohol y metanfetaminas.
Por eso, las autoridades tomaron el martes la inusual decisión de arrestarlo y acusarlo de negarse a cumplir una orden de quedarse en su casa algunas veces y de programar citas para tomar sus medicamentos y atenderse la tuberculosis. Esta decisión está dividiendo a las autoridades públicas de salud.
«Pienso que es un error confinar a una persona al sistema de justicia penal por un ilícito de salud pública», dijo Lawrence Gostin, profesor de salud pública en la Universidad de Georgetown y quien diseñó un modelo de ley adoptado por varios estados que batallan con el tema.
«La intención es proteger la salud del público. No culpar a alguien más». Las autoridades de salud dijeron que Rodríguez, de 39 años y habitante de Stockton, tiene tuberculosis pulmonar activa, que incluye tos con sangre o esputo y se puede propagar a través del aire.
Rodríguez no ha estado cumpliendo con su tratamiento y como resultado éste podría volverse contagioso, dijo Ginger Wick, directora de enfermería del condado San Joaquín, en una carta donde solicitó la orden de arresto para el enfermo.
Después de dejar los medicamentos, Rodríguez le dijo a una enfermera que se había ido de parranda, tomó alcohol y metanfetaminas y que no quería dañar su hígado con el fármaco prescrito, dijo Wick en su carta. El hombre fue arrestado el martes y el jueves se le imputarían dos delitos menores. Posiblemente se le asigne un abogado de oficio.
La tuberculosis es una infección bacteriana que normalmente ataca los pulmones. Muchas personas la tienen en forma latente y se activa en aquellos adultos cuyos sistemas inmunes están comprometidos, como sucede cuando utilizan drogas.
Expertos en salud pública están divididos en el tema de obligar a tomar un tratamiento y fijar cargos judiciales a los pacientes que no sigan las órdenes médicas. Implementar una orden judicial debe ser el último recurso y procesar a alguien por desobedecer una orden de salud pública no ayuda.
Además envía el mensaje equivocado si proteger la salud pública es el objetivo, opinó Gostin. En lugar de eso, al enfermo se le debe de dar asistencia como transporte desde y hacia los tratamientos, en lugar de castigarlo, como un incentivo para que tome sus medicinas, opinó el profesor de Georgetown.
