Hay disposiciones tan absurdas que obligan a pensar que fueron decididas para favorecer a quienes impunemente las violan con una flagrancia que no motiva acción judicial ni indignación social.
Una es la prohibición desde hace muchas décadas de la importación de armas y municiones para defensa personal. Esta perjudica a los ciudadanos civiles cumplidores de la ley mientras las autoridades enfrentan a delincuentes armados hasta los dientes, incluso con armas automáticas de guerra.
En el mercado negro cualquiera puede comprar municiones y armas bajo la indolente mirada de la Policía, incluso en el caso de tiros a pocos pasos de su sede principal. Ahora la Iglesia solicita a las autoridades desarmar a la población, lo cual usualmente significa a los ciudadanos decentes obligados a armarse por sus negocios, oficios o para proteger a sus familias y a sí mismos.
También la prensa recuerda que poseer o portar armas de fuego es un delito con sanciones penales graves.
La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece penas de hasta cinco años de prisión y pagos de multas de hasta 50 salarios mínimos.
El tráfico ilícito de armas y su importación, exportación o transporte aumenta la pena hasta 20 años de cárcel. Poner a los guaraguaos a cuidar las gallinas no funciona. Una vez hace mucho, Freddy Beras Goico retó a un jefe de Policía a ir a su casa u oficina a quitarle sus armas, argumentando lo mismo que digo ahora.
Nadie quiere recordar ni mencionar de dónde salieron armas y municiones que fueron a parar a manos de las pandillas haitianas. No ha funcionado nada de lo que se ha hecho hasta ahora para controlar el tráfico, uso y tenencia ilegal de armas, excepto muy ocasionales decomisos ante intentos de contrabando en puertos. Insistir en fracasar indica que quienes se lucran del desorden son más poderosos que las autoridades.
El Gobierno debe reabrir el comercio legal de armas y regularlo correctamente. Estoy seguro de que si se aplica real voluntad política, a los delincuentes y criminales, incluidos sus poderosos socios, el Gobierno puede darles dura macana legal ejemplarmente.
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