Desde agosto del año 2020 han sido recogidas por Interior y Policía más de once mil armas de fuego, de acuerdo con información distribuida por este ministerio como parte de la reseña de un acto que tuvo lugar en la Gobernación de Puerto Plata, donde fueron entregadas más de 400, en su mayoría pistolas.
Muchas de las armas recibidas ayer, posiblemente la totalidad, están vinculadas con crímenes y delitos, en vista de que en la generalidad de casos son entregadas por el Ministerio Público, la Policía o el Poder Judicial, después de haber pasado ante la justicia como evidencias o pruebas de ilícitos.
En ocasiones anteriores el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, ha informado que la recuperación de este tipo de armas forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno.
Once mil es una cifra importante. Y a pesar de que se trata de la suma de lo que se ha logrado en más de dos años y medio, son muchas armas.
Y como a cualquiera le puede quedar la impresión de que en las calles, vinculadas a las acciones de anómalos particulares y de pandilleros, deben de haber más de las recuperadas hasta ahora, este sentimiento no debe ser cortina que invisibilice una política apropiada, particularmente si estas armas son destruidas.
Esto lleva, desde luego, al planteamiento de otras interrogantes: ¿Está el Ministerio de Interior, en su acción coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, en condiciones de bloquear las vías por las que llegan las armas a las manos inapropiadas? ¿Cuáles son estas vías? ¿Estarán las autoridades al corriente de las conexiones frecuentes entre bandas, bandoleros y policías?
Un mundo amplio y complejo como el del crimen será siempre un desafío, muchas veces superior a las fuerzas movilizadas para combatirlo. Pero el reconocimiento de este hecho no debe ser suficiente para caer en la inactividad.
