El Gobierno hace bien en no renovar el marbete a los vehículos cuyos propietarios tienen multas sin pagar por violar algunas de las normas de tránsito.

La Dirección General de Impuestos Internos anunció esa disposición al iniciar el periodo para la renovación de ese impuesto a la circulación vehicular.

Ahora bien, la medida llega en un momento muy inoportuno, pues está más que demostrado la existencia de decenas (quizás cientos) de miles de multas de tránsito fraudulentas, impuestas por agentes que querían cubrir cuotas o por “errores en el sistema”.

Por tanto, el Gobierno está en falta y sin la capacidad de determinar con certeza cuáles multas corresponden a verdaderas violaciones de las normas de tránsito y cuáles fueron registradas de manera fraudulenta.

Se podría alegar que quien se sienta afectado acuda a un tribunal de tránsito, lo cual simplemente crearía un caos en esa instancia.

A menos que la medida tenga motivaciones fiscales, no sería mala opción contemplar una amnistía en reconocimiento de la falta de las autoridades ante la práctica demostrada de registrar multas falsas, y tomar las medidas necesarias para que esa práctica no se vuelva a producir. Así, el año próximo, con un sistema saneado, se tendrá la autoridad moral para negarle la renovación del marbete al que tenga multas pendientes de pago.