República Dominicana tiene razones estratégicas, económicas y geopolíticas para procurar una relación sólida y confiable con Estados Unidos.
Somos socios comerciales, aliados en seguridad regional, economías interdependientes y naciones conectadas por millones de vínculos humanos, culturales y migratorios.
En un escenario internacional cada vez más complejo, ningún país pequeño puede darse el lujo de deteriorar una relación de esa magnitud.
Pero una cosa es ser un aliado confiable y otra muy distinta convertirse en receptor automático de problemas ajenos.
El caso de Dimitri Vorbe produjo inquietud nacional no solamente por la figura del empresario haitiano o por las acusaciones políticas que durante años lo rodearon en Haití, sino porque dejó la impresión de que, en determinados círculos estadounidenses, se comienza a mirar a República Dominicana como espacio disponible para descargar consecuencias derivadas del colapso haitiano.
Y ahí es donde deben establecerse límites claros.
La crisis haitiana no fue creada por República Dominicana. Tampoco puede ser resuelta por República Dominicana.
El Gobierno dominicano reaccionó de inmediato señalando que no sólo esa persona tiene expreso impedimento de entrada a República Dominicana, sino que la decisión de un juez nortemamericano es inaplicable en materia migratoria dominicana.
El propio Gobierno de Estados Unidos debe dar una demostración de buena fe y declarar su rechazo a ese exceso de un órgano judicial estadounidense.
La cooperación entre aliados debe descansar sobre el respeto mutuo. Estados Unidos tiene pleno derecho a procurar mecanismos migratorios, soluciones humanitarias o alternativas judiciales para personas que no pueden retornar fácilmente a Haití.
Pero esas decisiones no pueden construirse sobre la premisa implícita de que República Dominicana está obligada a recibir situaciones que afectan su seguridad, su estabilidad o su delicado equilibrio migratorio.
Más aún cuando el país ya soporta una presión extraordinaria derivada de la crisis haitiana.
