La Constitución de 2010 otorgó mayores facultades al CNM, pues elige los integrantes de las tres altas cortes, Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE) y Suprema Corte de Justicia (SCJ). Será más activo (cada tres, cuatro y siete años elegirá jueces del TC y los del TSE y evaluará los de la SCJ, respectivamente) y tiene menos pluralidad, al sumar mayor poder al Presidente de la República.
Frente a ello, y al margen de ilegitimidad política de la función judicial, debido a la insalvable interpretación de la ley, como sostiene Ferrajoli, existen frenos para reducir la discrecionalidad: los principios de independencia, imparcialidad e idoneidad.
La independencia se requiere para mantener la imparcialidad de los jueces, +elemento necesario para que en sus decisiones se manifieste el mínimo de discrecionalidad. Unido a esto, los operadores judiciales deben ser técnicos capaces de argumentar profundamente sus decisiones.
La conformación de estos elevados tribunales será determinante en el sistema judicial dominicano, pues la calidad de sus decisiones y el Estado de derecho dependerán, en gran medida, de sus integrantes. No se trata de buscar jueces de ultratumba o iluminados, sino que, con su trayectoria profesional, su preparación académica y su compromiso ético institucional, garanticen la vigencia efectiva de la Constitución, la gobernabilidad y la estabilidad del sistema político. No es una afirmación exagerada. El TC velará por la integridad y superioridad constitucional y la garantía de los derechos fundamentales; el TSE intervendrá en los conflictos entre las fuerzas políticas y la SCJ dice Derecho sobre los conflictos jurídicos entre particulares y entre estos y la administración.
La alta conformación política del CNM – de 8 miembros 5 pertenecen a la coalición política predominante y 2 de ellos con una alta presión por ser evaluados por el mismo órgano para su virtual ratificación- entraña una enorme responsabilidad y prudencia por parte de quienes lo integran.
Debemos exigir desde hoy transparencia plena y pruebas de esa responsabilidad en la sagrada misión de elegir los altos jueces del país, que deben ser las personas más calificadas. Es nuestra máxima aspiración y derecho.
