Alcalde de Dajabón continuará operativos contra inmigrantes pese a advertencia de Faride Raful

Santo Domingo. A pesar del llamado de atención realizado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, el alcalde del municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, afirmó que continuará con los operativos para detener inmigrantes en situación irregular, desafiando así la competencia exclusiva de la Dirección General de Migración (DGM).

El alcalde defendió sus acciones señalando que, como autoridad municipal, tiene el deber de proteger a los ciudadanos de su demarcación, y aunque reconoció que la ministra tiene razón desde el punto de vista legal, insistió en que seguirá actuando hasta que un tribunal se lo impida.

“Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Aquí hay una situación que no podemos ignorar, y no me voy a quedar de brazos cruzados. Faride tiene razón, pero mientras ella me demuestre que yo no tengo potestad, voy a seguir haciendo mi trabajo. Para ella demostrar eso tiene que ir a un juicio, someterme, mientras eso pasa nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, expresó Riverón.

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De su lado, la ministra Faride Raful reiteró que los abordajes y detenciones de inmigrantes son responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Migración, entidad que, según dijo, actúa con eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Raful también confirmó que la DGM se comunicó formalmente con Riverón para advertirle sobre sus acciones, enfatizando que los gobiernos locales no tienen facultad legal para intervenir en operativos migratorios.

Repatriaciones

La Dirección General de Migración ha reportado que en lo que va del mes de mayo han sido repatriados más de 18,000 inmigrantes haitianos en condición migratoria irregular, como parte de los operativos realizados en diferentes provincias del país.

Las declaraciones del alcalde Riverón han generado opiniones divididas en la zona fronteriza. Mientras algunos sectores respaldan sus acciones por considerar que responden a una demanda de seguridad, otros critican su postura por considerarla una extralimitación de funciones y un riesgo para los derechos humanos de los inmigrantes.

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