El marco electoral es estricto sobre los plazos que se otorgan a los partidos para competir en unos comicios presidenciales, congresionales y municipales.
Nadie, no importa su liderazgo, puede situarse por encima de esa normativa que faculta a la Junta Central Electoral a administrar todo el andamiaje con el único fin de velar por el sostén de la democracia.
Exigir que se cumplan las leyes en materia electoral por parte de los actores políticos es la mejor vía para crear el ambiente más viable para las elecciones de 2024, con perspectivas de respeto y con el compromiso de presentarse propuestas que inciten a la ciudadanía a acudir a votar.
El irrespeto a la autoridad de la JCE nunca puede ser bien visto por sectores celosos de la democracia, a menos que exista algún interés para que el venidero proceso electoral se desarrolle en un verdadero caos o en una selva, con el nefasto recuerdo de confrontaciones violentas con pérdida de seguidores.
La JCE hace bien cuando exige el respeto del mandato de la ley y así garantizar igualdad de condiciones en la competencia electoral, con la vigilancia estricta al uso de los fondos de campaña y del nivel de los debates por el buen éxito del proceso de 2024 y por el fortalecimiento institucional del país y de los propios partidos que accionarán en la contienda, con una alta expectativa por la disputa de la Presidencia de la República entre figuras que cuentan con gran arraigo en la sociedad.
Cumplir la ley es el mejor ejemplo para que los comicios de 2024 concluyan con los resultados que expresen los ciudadanos cuando acudan a las urnas a favor de sus candidatos.
