Los hechos de La Barranquita, de Santiago, han encontrado en el plano judicial la ruta en la que deben permanecer hasta que el tercero imparcial concluya el proceso, como corresponde.
Ayer les fue dictada coerción a los once policías que la tarde del día 10 de septiembre pasado mataron en una plaza comercial a cinco hombres en un alegado “intercambio de disparos”, en el que habrían sido usadas armas de alto poder de fuego.
En principio la Policía alegó que en una barbería del referido sector santiaguero tenía lugar una reunión de integrantes de una peligrosa banda de elementos dedicados al crimen.
Líderes comunitarios reaccionaron escandalizados ante lo que consideraron ejecuciones policiales.
Tenemos que confiar en la justicia como la única vía, tanto para la investigación de los hechos, como para la debida sanción en el caso de que sea demostrado comportamiento excesivo de parte del elemento policial participante.
Los tribunales, como sabemos, no pueden ir más allá de los elementos de prueba aportados por las investigaciones, que sólo pueden ser hechas por el Ministerio Público, liderado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, que ha mostrado su interés en el esclarecimiento de los hechos, lo mismo que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
A los tribunales toca la valoración de las pruebas y emitir una resolución acerca de ellas.
La coerción impuesta ayer en Atención Permanente es el primer paso de un proceso judicial impulsado por los fiscales, que les imputan los cargos de asociación de malhechores y homicidio voluntario a los once policías, entre ellos dos oficiales superiores y dos oficiales subalternos.
A la opinión pública le toca ahora esperar.
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