Entre finales de 2023 y mediados de 2024, se produjo un debate —por momentos muy caldeado— sobre la prisión preventiva y el uso abusivo que se hace de ésta.
Intervinieron casi todos los actores del sistema de justicia, y no pocos ciudadanos e instituciones privadas.
Uno de los elementos fundamentales de esta discusión fue la crítica a la forma en que el órgano persecutor abusa de las solicitudes de prisión preventiva, por lo que esta ha pasado de ser la excepción a ser la regla.
Entre las críticas, se le señaló al Ministerio Público que usa la prisión preventiva como un incentivo a los investigados para que lleguen a acuerdos de colaboración.
Quien lo hace recibe como gracia que sólo se le solicite como medida de coerción el arresto domiciliario en lugar de los temidos dieciocho meses en Najayo. Se dijo que esto es un uso de la prisión preventiva contrario al mandato constitucional.
La reacción de los representantes del Ministerio Público a estas afirmaciones fue airada, se dijeron ofendidos e injustamente maltratados, y acusaron a quienes las sostenían de hablar en representación de intereses espurios.
Resulta que la semana pasada, en el caso sobre los supuestos sobornos por parte de empresas que brindan servicios de seguridad, el Ministerio Público intentó repetir el patrón: solicitó arresto domiciliario para los que decidieron colaborar y dieciocho meses de prisión preventiva para quienes no lo hicieron. Sin embargo, el juez apoderado dictó arresto domiciliario para todos, borrando la distinción que quiso hacer el Ministerio Público.
Al salir de la audiencia, el licenciado Wilson Camacho, el procurador general adjunto que funge como director de Persecución del Ministerio Público, criticó la decisión del juez porque decisiones como la suya “que desincentivan la realización de acuerdos”.
Con estas palabras, el director de Persecución dio la razón a sus críticos y dejó al descubierto que sí usa las solicitudes de prisión preventiva como mecanismo de presión contra los imputados.
Lo que es más, dejó claro también que tiene la expectativa de que los jueces colaboren en este mal proceder.
También evidenció una vez más la particular concepción de la “independencia” de los actores del sistema de justicia que prima entre algunas de las principales autoridades actuales del Ministerio Público.
Los críticos tenían razón. El tiempo pone todo en su lugar, y lo que falta.
