El sector rural de California, que mueve 43,500 millones de dólares al año, depende de una fuerza de trabajo informal de inmigrantes mexicanos indocumentados que se está erosionando debido a las mejoras económicas a nivel interno y los controles fronterizos.
Funcionarios y productores locales ansiosos por aliviar la escasez de trabajadores esperan que el Congreso implemente programas que otorguen un estatuto legal a los trabajadores indocumentados y abran un camino a la ciudadanía, entre otros cambios en la política migratoria.
Estos son empleos que nadie más quiere, dijo el alcalde de Salinas, Joe Gunter, de 66 años, en una entrevista en su oficina de la municipalidad. Si se extrae a los que están indocumentados, el sector queda devastado.
