Nassim José Alemany, Lucile Houellemont, Katia Salomón y Salador Montás.
SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) informó que las 70 empresas miembro de esa institución aportan unos 300 millones de pesos en impuestos cada año, y dijo que si el Congreso Nacional aprueba sin variación el proyecto de Ley presentado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le generaría pérdida de más de un 20% de su margen neto y provocaría el despido de una parte de sus 22 mil empleados.
Lucile Houellemont presidente de Adesinc, afirmó que las empresas de seguridad no podrán subsistir en un mercado con altos impuestos y márgenes muy bajos, y que cumplir con la propuesta nueva disposición legal implica el pago inmediato de prestaciones laborales y la pérdida de empleos en tan sólo un año de transición.
Señaló que de los cerca de 300 millones de pesos que los miembros de Adesinc pagan de impuestos, un 73% de ellos son sobre los ingresos, y enfatizó que las empresas del sector no toleran ni soportan nuevos costos y gastos.
La presidenta de Adesinc presentó un estudio sobre el “Impacto económico sectorial del proyecto de Ley de seguridad privada”, durante una rueda de prensa en un hotel de la capital, que contó con la asistencia de directivos y miembros de esa organización, así como de Nassim José Alemany, representante de la firma de consultoría Deloitte, que efectuó la citada investigación.
Houellemont sostuvo que el sector de la seguridad privada es el que incurre en más gastos y paga más impuestos en República Dominicana, como son armas y municiones, licencia anual de uso, SFS, AFP, ARL, de responsabilidad civil, pruebas antidoping, Infotep, capacitación, entrenamiento, evaluación médica, uso de vehículo para supervisión, gastos financieros, uniformes y equipos, horas extras, días libres, regalía, vacaciones, preaviso, cesantía, entre otros.
Indicó que la nueva Ley propone un 1.25% del monto bruto de los servicios que brindan las empresas prestadores de servicios de seguridad privada, liquidable mensual, trimestral o semestral, y que el 30% de éstos será dirigido al patrimonio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que recibe emolumentos del Presupuesto Nacional.
Asimismo, el 30% será dirigido al Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1 y el 40% restante al Fondo General de la Nación.
Manifestó que Adesinc respalda el proyecto de Ley de Seguridad Privada que busca regular, inspeccionar, vigilar y fiscalizar los servicios que brindan distintas empresas particulares, pero que no sea sobre la base de cargas adicionales que ponen en peligro la viabilidad financiera de sus asociados.
La presidenta de Adesinc indicó que las empresas miembro de Adesinc contribuyen grandemente con el Estado con alrededor de 82 millones de horas de vigilancia anuales, el pago de 300 millones anuales en impuestos, 300 millones en pagos de nómina, 457 millones anuales al seguro social y 30 millones a Infotep.
Expresó que en los últimos cinco años, los ingresos de las empresas de Adesinc han tenido un crecimiento promedio de un 3%, pero que los gastos durante el mismo período han aumentado en un 12%.
Houellemont dijo que el gasto de personal de sus miembros representa un 41% de los ingresos del sector, siendo el por ciento más alto entre los distintos sectores de la economía nacional, como manufactura, comercio y agropecuaria, compañías de seguros, hoteles, bancos y financieras.
Houellemont, quien también ocupa la presidenta de Dominican Watchman National, está acompañada en la directiva de Adesinc por Adi Greenberg, de Security Force; Bismarck Tavarez Valenzuela, de Guardianes Antillanos); José Abreu, de Outsourcing Security Services y Jocelyn Jiménez, de Guardas Alertas Dominicanos.
Son directores Andrés Noboa Pérez, de Guardianes del Este; Antonio Jáquez, de Consulsise; Carlos Cintrón, de Servicorp; Carlos Pérez, de Segurisasa; María Rosa Geara, de G4S; Freddy González Estrada, de Seguridad Integral; Humberto Gómez, de Incorp; José María Tripiana, de Iberosecurity; Pedro Benoit, de Segasa; Francis Jiménez, de Alfamar Security; José Geraldino, de Seguridad la Confianza y Daniel Shutelbrand, de Guarocuya.
