Cuando más cerca se observa un posible acuerdo en el Congreso Nacional, surge un conflicto que aleja la esperanza sobre una posible aprobación de la ley de partidos.
Cuando el Partido Revolucionario Moderno flexibilizó su postura sobre la metodología de elección de los candidatos, entonces vino la objeción de parte del grupo del expresidente Leonel Fernández, en torno a la ilegalidad constitucional que sería que la Junta Central Electoral organice las primarias de los partidos.
Pero también devino que el sector del presidente Danilo Medina insiste en que los organismos de cada fuerza política sean los que decidan sobre las primarias abiertas o cerradas, así como otra fórmula.
Es decir, que nada se ha logrado que viabilice un entendimiento sobre ese proyecto que también preocupa a la Junta Central Electoral, ante la complejidad que implicaría el montaje de las primarias de los partidos y luego la organización de las elecciones generales.
¿Qué hacer?
Los actores a favor y en contra de la ley de partidos saben lo que hacen para entorpecer su aprobación.
Los hechos evidencian claramente que no existe interés alguno en potabilizar una norma que establezca obligaciones a las cúpulas de los partidos para acabar con el desorden sobre las candidaturas y el dominio en las estructuras.
De aprobar las primarias abiertas, entonces los partidos tendrían que modificar sus estatutos, ya que este método lesionará sus normas.