México.– Las mujeres de América Latina afrontan complicaciones para acceder a los servicios de salud y a controles prenatales, aspectos que aunque se dan “por obvios”, aún “son muy difíciles” en la región, como lo ha puesto de relieve la alerta por el virus del Zika.

Así lo aseguró en una entrevista con Efe Fernanda Doz Costa, autora del informe publicado hoy por la sección americana de Amnistía Internacional (AI) sobre la “violencia institucional» contra las mujeres de la región en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

Doz Costa aludió a la reciente recomendación a las mujeres para que no se embaracen por parte de los ministerios de varios países de la región, como es el caso de Colombia, a raíz de la expansión del zika.

La directriz, además de “irrisoria”, es “insultante”, teniendo en cuenta el contexto de que “más de la mitad de embarazos en América Latina no son planeados”, señaló.

El informe recoge historias de siete países de la región y que plasman las dificultades que se viven por las legislaciones restrictivas contra los derechos o las que son permisivas con los responsables de la discriminación contra la mujer.

Una de estas historias es la de Teodora, una salvadoreña que fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo. Otra es la de Rosaura, una joven de República Dominicana de 16 años que falleció por no recibir a tiempo el tratamiento para la leucemia, ya que se encontraba desarrollando un embarazo que no le permitieron interrumpir, aunque presentaba signos de daño fetal.

El Salvador y República Dominicana son dos de los siete países de la región en los que el aborto está totalmente prohibido, sin excepciones.

También en Paraguay, donde ocurrió el año pasado una historia que dio la vuelta al mundo, la de Mainumby, una niña de once años que se vio obligada a continuar con su embarazo, fruto de una violación.

El problema en estas naciones es que “no se mide nada, todo es clandestino”, porque “está absolutamente probado que las prohibiciones no disminuyen los abortos”, sino que se siguen produciendo en condiciones de riesgo, alerta la investigadora.

A esto se le suman situaciones que se dan en países donde, aunque la interrupción está despenalizada por completo o en supuestos determinados, hay profesionales de la salud que imposibilitan estas intervenciones por convicciones propias.

Doz Costa señala con preocupación que ha habido “retrocesos muy recientes en la región”, como pasó en Nicaragua, cuando en 2008 se estableció en el código penal penas de cárcel para las mujeres que soliciten o se les practique un aborto.

El informe subraya la importancia de los estereotipos y roles de género por las que pervive el concepto de “mujer-madre” impulsado desde el catolicismo y tomado también por otras iglesias; aún así, dentro de estos credos hay asociaciones que discuten los preceptos inculcados por las jerarquías, destaca la investigadora.

Otro de los aspectos analizados en el reporte es el de las esterilizaciones forzadas, realizadas sin el consentimiento de las mujeres o incluso como un instrumento de las políticas públicas.

En Perú, como parte de un programa nacional de salud reproductiva desarrollado entre 1996 y 2000, se produjo un elevado número de esterilizaciones forzadas a mujeres -más de 270.000, según cifras de la Defensoría del Pueblo-, la mayoría indígenas y en condiciones de pobreza, reporta Amnistía.

“Hasta el día de hoy no hay un sola condena, ni a los médicos ni a los representantes políticos”, dice Doz Costa, añadiendo que “se premiaba a los médicos por cubrir una cuota».

En la actualidad, la esterilización sin informar plenamente a la paciente se sigue practicando en zonas de México y Centroamérica en mujeres que son VIH positivo. Michelle, en el mexicano estado de Veracruz, sufrió trato discriminatorio en el hospital por ser portadora del virus -de lo cual se enteró en una de sus revisiones prenatales- y fue esterilizada a pesar de que ella prefería otro método anticonceptivo como el DIU.

En casos como este, opina Doz Costa, es como si se les dijera a las mujeres “ustedes no pueden decidir”, de lo que se desprende un cierto paternalismo que indica que siempre tiene que haber detrás de la mujer un “médico o funcionario” que decida por ella y que sea, eso sí, “varón».