SANTO DOMINGO.-En el informe final que detalla los pormenores de la investigación realizada al plan de mejoría de las cárceles del país, los apoderados especiales del exprocurador Jean Alain Rodríguez resaltaron que este no tuvo acceso a la documentación necesaria para dar respuesta.

Esto impide, según sus abogados, que Rodríguez se defienda en igualdad de condiciones, por lo que las respuestas presentadas se realizan bajo reservas de derecho de ampliar las informaciones enviadas y no representan, en modo alguno, aceptación de lo expuesto.

Y es que se expresa que del total de pagos realizado a proveedores y contratistas que suministraron bienes y servicios para el proyecto del Plan de Humanización del sistema Penitenciario, no fueron entregados a los auditores de la Cámara de Cuentas expedientes de desembolsos por valor de RD$1,782,419.

Las facturas no habían sido validadas al momento de la publicación de esta investigación por la Dirección de General de Impuestos Internos (DGII) y la Cámara de Comercio, a las que les solicitaron datos y documentos que como entidades reguladoras poseen de los proveedores con RNC.

Además, verificar que las adjudicaciones hayan sido otorgadas a contratistas o empresas que no hayan estado relacionadas entre sí.

Esto viola la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que establece que el contratante llevará un expediente de cada contrato con todos los documentos e informaciones relacionadas.

Sin embargo, de acuerdo con la exadministración de la entidad, del total de pagos realizados a proveedores y contratistas del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, la Procuraduría General de la República no suministró a los auditores expedientes por valor de RD$77,579,892.

Asimismo, alegaron que luego que los expedientes de mediados de abril de 2019 a febrero de 2020, se encontraban en físico para ser redigitados.

Los apoderados especiales del exprocurador Rodríguez: abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Francisco Franco Soto y Carlos Antonio Balcácer, también expresaron en el documento más detallado de la Cámara de Cuentas que quienes eran servidores públicos en esa gestión y que están siendo cuestionados por la justicia, se les negó a participar y a responder ante las dudas o inquietudes de los auditores.