SANTO DOMINGO. — Tres abogados denunciaron este lunes que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sostiene una “persecución aviesa” en su contra mediante un proceso disciplinario que califican de irregular, carente de fundamento y contrario a la Constitución, la ley y las garantías del debido proceso.
Los profesionales del derecho Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel Del Rosario afirmaron que, pese a que el Tribunal Superior Administrativo declaró nulo el proceso disciplinario inicialmente seguido en su contra, el Tribunal Disciplinario del CARD decidió continuarlo e incluso abrir uno nuevo.
Aseguraron que este segundo expediente fue impulsado por la parte adversa de uno de sus clientes, sin investigación previa ni acusación formal por parte de la Fiscal Nacional del gremio.
León, Fernández y Del Rosario indicaron, además, que las actuaciones del gremio se sustentan en una supuesta resolución de la Junta Directiva del CARD publicada solo con la firma de su presidente, Trajano Vidal Potentini, lo que consideran otra “grave irregularidad”.
Los profesionales del derecho recordaron que recientemente fueron objeto de una “amplia y extraña campaña mediática” tras ser declarados “litigantes temerarios” por la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión fue revocada por la Corte de Apelación de Santo Domingo, al considerar que vulneraba derechos fundamentales y que sus acciones en defensa de su clienta no constituían ejercicio temerario.
El conflicto que dio origen a los procesos disciplinarios proviene de un caso de divorcio, en el cual los juristas han promovido medidas para proteger los intereses económicos de una dama ante presuntos actos de distracción y ocultamiento patrimonial atribuidos al esposo.
Pese a las decisiones judiciales favorables y la inexistencia de sanciones vigentes, los abogados denunciaron que el CARD insiste en promover procesos disciplinarios que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales y normas estatutarias.
Adelantaron que recurrirán a los mecanismos legales correspondientes para salvaguardar su honor profesional y exigir el respeto al marco normativo que rige al gremio.
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