SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Salcedo negó este jueves que el supuesto letargo procesal del caso del exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI),  Héctor Rodríguez Pimentel, se deba a los incidentes presentados por la defensa, como alegara la fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.

El abogado de Rodríguez Pimentel señaló que la excesiva duración del proceso se debe a faltas atribuibles al ministerio público.

Explicó que el ministerio público presentó la acusación el 10 de julio de 2012, es decir, 3 años después de haber iniciado su investigación en 2009, y ya vencido el plazo máximo de la duración del proceso que es de 3 años de acuerdo al Código Procesal Penal.

“El ministerio público presentó en 2012 una solicitud de declaratoria de asuntos complejos para que se les otorgará una extensión de un año del plazo máximo para evitar que un pedimento de extinción castigara su proceso, esta solicitud fue rechazada en mayo de 2013 por los tribunales, siendo culpa del PEPCA que el caso se retrasará solo por eso por espacio de un año”,  Salcedo.

Igualmente destacó que el ministerio público ha sido el causante de varios aplazamientos, señalando que entre varias faltas procesales, no notificaron las pruebas a los imputados cuando presentaron la acusación, como ordena el Código Procesal Penal, siendo necesario que se aplazara la audiencia preliminar para que fueran notificadas las pruebas a los imputados; aclaró que los aplazamientos por su parte se han debido únicamente al ejercicio del derecho de defensa que les asiste, y que los incidentes presentados a su cargo han sido acogidos por los tribunales dándoles la razón, habiéndose incluso inhibido uno de los jueces del caso como ha solicitado la defensa.

Cuestiona que el ministerio público solicite una respuesta procesal ágil y oportuna del proceso, cuando, dijo,  ha sido el PEPCA el que no ha actuado de manera diligente, a fin de imprimir celeridad al proceso y poner al tribunal en condiciones de conocer el fondo del caso dentro de un plazo razonable, mediante los mecanismos que la ley pone a su cargo, lo cual será sancionado oportunamente por un juez, según indican.

“Reprochamos la conducta del ministerio público, en su rol de impulsor primordial de la acción penal, de presentar una acusación luego de tener ventajosamente vencido el plazo para hacerlo, lo cual denota el interés político del caso, ya que la acusación es presentada luego de que el Ing. Rodríguez Pimentel apoyara en su momento la candidatura del principal partido de la oposición”.