Aboga por estrategias de prevención eficaces contra la trata y tráfico de personas
SANTO DOMINGO.- Las estrategias de atención a las víctimas no son suficientes para reducir la incidencia del fenómeno de trata y tráfico de personas, consideró este sábado el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes a través del Observatorio de Derechos Humanos.
La institución indicó además que es necesario desarrollar estrategias de prevención eficaces y someter a la acción de la justicia a los implicados en esas acciones, sin contemplaciones.
Dijo que República Dominicana es un país emisor y puente del tráfico de personas de otras nacionalidades, especialmente haitianos. Precisó que este fenómeno se expresa con fuerza principalmente en las zonas fronterizas sur y norte, tras indicar que las mujeres, niños y adolescentes son las personas más afectadas por esta situación.
Destacó que según un informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y del UNICEF, se estima que por la zona fronteriza cruzan anualmente cerca de 2 mil niños traídos a ejercer la prostitución, trabajo doméstico o pedir limosnas en la calle.
En el caso de la población haitiana traficada hacia R.D, el costo de viajes oscila entre 3 mil a 10 mil pesos, dependiendo de las condiciones en la frontera y la forma de tráfico o trata. En este proceso intervienen las personas traficantes, trabajadores del sector público y autoridades de los puestos fronterizos de ambos países, y de chequeo, que cobran por cada persona que esté en los autobuses con esta condición 100 pesos, según datos resaltados en el Observatorio de Derechos Humanos que lleva la institución, destacó la entidad en un comunicado.
La institución afirmó además que esta situación ocurre ante los ojos de las autoridades de ambos países sin que las mismas hagan nada. Los cuerpos policiales y migratorios también se vuelven cómplices del delito, agravando aún más la situación, según declaraciones de Graciela Scudu, investigadora del Servicio, quien tuvo a su cargo la presentación.
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes advirtió además que la temática debe ser abordada de manera responsable por las autoridades estatales, siendo rigurosos en la aplicación de la ley y desarrollando mecanismos de prevención de este mal, en coordinación con los mandos de los países de las personas tratadas o traficadas.
Asimismo señaló que es necesario analizar la situación de manera global, sin una visión minimalista en la que sólo se atribuye la responsabilidad del delito a la persona traficante y no se reconoce ni actúa con otros actores involucrados como el sector transporte y las autoridades policiales y migratorias asignadas a las zonas fronterizas y puestos de chequeo.
