BOGOTÁ.- Decenas de familias colombianas aún piden justicia por sus muertos y el dolor se aviva con la llegada de un nuevo 28 de abril, cuando se conmemora el primer aniversario del llamado “Paro Nacional” que se convirtió en el ciclo de protestas antigubernamentales más grande de la historia reciente en el país.
Las pesquisas de las autoridades avanzan lento. Según Naciones Unidas, más de 40 personas perdieron la vida en las manifestaciones, aunque la Fiscalía señaló a The Associated Press que se documentaron 29 asesinatos. De éstos solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los 24 restantes en indagación, una fase inicial en los procesos.
“No hemos llegado ni siquiera a una primera instancia. No hay ningún imputado, está en indagación”, dijo angustiada Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, un joven artista de 26 años que falleció en la madrugada del 3 de mayo de 2021 durante una manifestación en Cali, una ciudad al suroeste del país considerada el epicentro de las protestas y donde la violencia se agudizó.
El inconformismo en Colombia tomó forma en las calles en dos meses de protestas que generaron inestabilidad e incertidumbre. La presión de las manifestaciones logró que el gobierno retirara una reforma fiscal que consideraban injusta y que renunciara el ministro de Hacienda, pero no se detuvo, luego se convirtió en un reclamo generalizado por problemas estructurales como la inequidad, el desempleo, la pobreza y presunto exceso de la fuerza de la policía.
En Cali algunas calles fueron cerradas por barricadas y los accesos a la ciudad bloqueados dificultando el paso de alimentos y medicamentos. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas en todo el país, hubo actos vandálicos contra la infraestructura pública como el transporte y las estaciones de policía y la privada, como el incendio de algunos bancos.
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También se registraron disturbios y enfrentamientos con agentes antimotines, lo que no solo causó muertos, también más de 3.000 heridos, entre civiles y policías. “Mi hijo fue impactado por un arma nueve milímetros en el lado izquierdo de su frente. Nosotros hemos aportado todas las pruebas, para mí es claro que lo mató la policía”, relató a la AP Guerrero, quien ha recibido amenazas por denunciar públicamente y liderar un grupo de víctimas.
El presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones ha sido una denuncia constante no solo de las víctimas, sino también de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
